La presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM) está recibiendo los efectos de su propia medicina. Ayuso puso en marcha a través de la Consejería de Cultura, la declaración de Bien de Interés Cultural de la Escolanía del Valle de los Caídos (BIC) lo que en la práctica implica supone darle el máximo nivel de protección a esta institución por su “relevancia y prestigio internacional”.
En el fondo, lo que buscaba Díaz Ayuso con esta declaración es torpedear el proceso abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez para resignificar el Valle de los Caídos. El objetivo del Ejecutivo, tras iniciar conversaciones con el Vaticano, es que a finales de 2025 se haya consumado la salida de la congregación del Cuelgamuros. A esta estrategia del PP desde la CAM, se unió el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que asegura que el poder de decisión sobre el Valle es de la Iglesia, mientras en esta se ubique la basílica.
Con esos antecedentes, sin embargo, la jugada le puede salir mal a Díaz Ayuso, ya que la extremista Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, quiere ir más lejos y le exige ahora a la CAM, vía demanda judicial, que este lugar sea considerado desde el gobierno de la Puerta del Sol como BIC. Es por ello que la asociación ha presentado una nueva demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con el objetivo de lograr que el monumento sea considerado Bien de Interés Cultural.
Cabe recordar que para que un espacio o monumento sea declarado Bien de Interés Cultural, se necesita, además del Valor Universal Excepcional, que los bienes culturales o naturales sean únicos e irremplazables, y que tengan condiciones de integridad y autenticidad. Asimismo, deben tener un sistema de protección y gestión que garantice su salvaguarda.
Este paso dado por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, lo toma tras haber presentado varias solicitudes ante el gobierno regional. Ayuso siempre ha esgrimido que la CAM no es competente en esa declaración pasándole la pelota al Gobierno central a través de Patrimonio Nacional. La presidenta se ha opuesto a los objetivos de resignificación de Cuelgamuros acusando al Ejecutivo de estar “dejando caer poco a poco” el monumento y de politizar esta situación: “Sánchez vuelve una y otra vez al franquismo, nunca habíamos hablado tanto de Franco. Eso sí, ETA es historia, pero el franquismo es rabiosa actualidad”, ha expresado en alguna ocasión.A esto ha añadido el agumento de que «no estamos nada a favor de cómo lo está haciendo el Gobierno. Es insensato, inhumano e imperdonable como quieren reabrir la herida de la Guerra Civil que ya estaba cerrada”.
Ahora tendrá que enfrentarse en los juzgados con naturales aliados de ella como es esta extremista asociación que mantiene que el conjunto monumental “no pertenece al Patrimonio Nacional, ni al Patrimonio del Estado, sino a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”. Para la Asociación “la competencia para la incoación y resolución de su declaración como Bien de Interés Cultural corresponde, a día de hoy, a la Comunidad autónoma de Madrid”. Por ello, la asociación pide al tribunal que inste a la administración regional a “iniciar el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural” así como que condene a la CAM al pago de costas del proceso judicial abierto. Es esta la razón de la nueva demanda presentada ante el TSJM.
Según la web de la Asociación, este ente “reúne a un grupo de españoles cuyo nexo común es la defensa del Valle de los Caídos, al entender que ha sido olvidado en atención y mantenimiento por todos los gobiernos de la democracia y atacado desde las esferas del poder”.
Las vinculaciones de esta Asociación con la extrema derecha son notorias. Los ultras de HazteOir dan promoción a sus acciones y algún dirigente de la extremista sociedad secreta católica El Yunque, impulsan charlas y colaboran en un documental
