96 fallecimientos en accidentes laborales en Andalucía en lo que va de año. Son los alarmantes datos que ha denunciado la portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Olga Manzano, ante la inacción del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a este respecto.

iManzano ha señalado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía asigna al presidente «competencias» para trabajar en aportar garantías de seguridad y salud a los trabajadores andaluces. La portavoz ha especificado que el Gobierno andaluz del PP está obligado a «diseñar instrumentos precisos para el control, la inspección y la prevención» de la enfermedad y la siniestralidad en el entorno de trabajo, al tiempo que ha pedido al líder autonómico «más implicación política y recursos».

Manzano ha afeado que los datos de siniestralidad sigan empeorando y que, mientras tanto, la estrategia de seguridad y salud en el trabajo «lleva más de un año de retraso en su aprobación, mientras la campaña de concienciación y sensibilización no está llegando a la mayoría de la población». «Aún sigue sin aprobarse un plan específico para prevenir la primera enfermedad profesional en Andalucía, la silicosis, una enfermedad que puede ser mortal y que cada vez afecta a personas más jóvenes«, ha añadido. «Es muy importante exigir más implicación política en la seguridad y la salud en el trabajo y más recursos en el presupuesto de 2025, porque de ello depende la prevención de enfermedades profesionales y que el número de muertes en el trabajo se pueda reducir», ha sentenciado.


«Nos roba el futuro»

Cabe tener en cuenta que la juventud andaluza se enfrenta, actualmente, a una de las coyunturas más complicadas en lo que respecta a su formación y acceso al empleo. Con una tasa de paro juvenil que supera las medias nacionales y con unas dificultades cada vez mayores para disfrutar de una educación pública de calidad, la Formación Profesional (FP) se ha convertido en una vía fundamental para muchos. Sin embargo, las políticas educativas impulsadas por la Junta de Andalucía han generado un creciente malestar entre los jóvenes, quienes denuncian que la administración autonómica está favoreciendo la privatización del sistema, recortando las oportunidades en la FP pública y, en consecuencia, limitando sus posibilidades

«Estamos viendo cómo el gobierno de Juanma Moreno está desmantelando la educación pública, priorizando la privada y concertada. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez destina más de 140 millones de euros para la creación de 70.000 nuevas plazas de FP a nivel nacional, aquí en Andalucía la Junta rechaza 112 millones de euros que habrían permitido crear más de 12.000 más», afean.

El impacto de estas políticas, aseguran desde las Juventudes Socialistas, se siente de manera aguda en provincias como Huelva, donde se han cerrado más de 170 plazas en colegios públicos. Vázquez calificó de «vergonzosa» la financiación que la Junta destina tanto a la universidad como a la FP privadas, una política que, a su juicio, atenta contra la igualdad de oportunidades. «Todos debemos tener derecho a una educación de calidad, sin importar nuestro nivel económico», afirmó.

boton whatsapp 600

 

Fuente