La caída de Íñigo Errejón en la política tras los episodios de acoso sexual que han denunciado varias mujeres contra él ha desatado un nuevo huracán en el mundo político y social. Que una de las figuras más representativas de Sumar -un partido de izquierdas que ha llevado como emblema la lucha contra las desigualdades y el machismo- se haya visto obligado a dimitir de sus cargos ante las informaciones y denuncias de acoso sexual por su parte ha generado un malestar inmenso en el espectro político. Algo que, por otra parte, no es nuevo en España.
El acoso sexual y el abuso han marcado terreno a lo largo de los años en la política española y el caso de Errejón se suma a una lista de nombres que en su momento fueron protagonistas en este sentido, ya que la sombra de la violencia machista ha ido recayendo sobre algunos representantes públicos, pese a que deberían ser un modelo de conducta intachable y de ejemplo para la población.
Empezando por el caso más reciente, el que concierne a Íñigo Errejón: el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados está siendo investigado por tres presuntos delitos sexuales que recoge la denuncia de la presentadora y actriz Elisa Mouliáa. También Aida Nízar ha denunciado ser víctima de acoso por parte de Errejón, mientras la periodista Cristina Fallarás ha revelado que cuenta con muchos más testimonios que comprometen al exmagenta.
Pero desgraciadamente este no es el único caso que ha empañado la política española con el acoso y la violencia machista en general. Por eso, en esta lista de los casos más sonados hay que empezar por el de Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada que se convirtió en la primera mujer en ganar un juicio de acoso sexual y laboral a un político.
Nevenka Fernández y Raquel Díaz, en León
El caso Nevenka Fernández marcó un hito en la historia española al ser la primera mujer en ganar un juicio por acoso sexual y laboral a un político. En concreto, en 2001, la entonces concejala de Hacienda de Ponferrada (León) denunció al alcalde Ismael Álvarez, de su mismo partido (PP), por acoso sexual.
Esta denuncia provocó que Fernández sufriera una gran hostilidad social, llevándola a dejar su ciudad, el país y el cargo. No obstante, el tribunal falló a su favor y condenó a Álvarez por acoso, lo que le obligó a dimitir de sus cargos.
También en León hay que mencionar el caso de Raquel Díaz, abogada que estuvo a punto de morir por la violencia continuada de su expareja, el exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz, quien la intentó asesinar en 2020 tirándola por la terraza de la casa en la que vivían y agresión por la cual Díaz quedó tetrapléjica.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó el pasado mes de septiembre la condena de casi 17 años de cárcel para el exconcejal Pedro Muñoz tras intentar matar a su esposa. Muñoz está condenado a 16 años y 11 meses de cárcel por un delito de lesiones agravadas, con las circunstancias agravantes de parentesco y discriminación por razón de género (12 años de cárcel), tres delitos de maltrato familiar (9 meses por el primero, 9 meses por el segundo y 11 meses por el tercero) y un delito de maltrato familiar habitual (2 años y medio de prisión).
Carlos Flores, en Valencia
Carlos Flores, actual diputado de Vox y que fue candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat valenciana, fue condenado en 2002 por un delito de violencia contra su exmujer, acompañado de múltiples episodios de coacciones, vejaciones e injurias.
Según la sentencia, acosó a su expareja durante meses, incluso en presencia de sus hijos, llegando a proferir insultos y amenazas en repetidas ocasiones. Flores no solo acosaba verbalmente a su exesposa bajo el balcón de su vivienda y en la entrada del colegio de sus hijos, sino que también la intimidaba siguiendo a la familia por la calle y dirigiendo insultos al abuelo materno de los menores.
El relato de los hechos probados en el fallo judicial destaca el uso reiterado de amenazas y descalificaciones como “ladrona”, “puta” o “secuestradora de niños”, así como la afirmación de que la perseguiría “hasta la muerte”. La conducta de Flores generó un impacto profundo en la salud mental de su exmujer, quien desarrolló ansiedad, insomnio y episodios de pánico que le llevaron a mudarse a Barcelona en busca de un entorno más seguro.
Juan Carlos Fernández, en Ourense
El pasado mes de septiembre, el concejal del PP en Ribadavia (Ourense) Juan Carlos Fernández fue detenido por violencia machista. Fernández fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con medidas cautelares que le impiden acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima y denunciante.
Tras la denuncia, el partido reaccionó con rapidez comunicando su salida del Gobierno local y de la formación. Él mismo presentó su dimisión al alcalde y registró formalmente su salida argumentando que ese era el mejor paso para evitar dañar la imagen del consistorio y del gobierno municipal.
Javier Liso, en Badajoz
Javier Liso Salesa, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, fue condenado por violencia de género tras la denuncia de su pareja. Fue sentenciado a 22 días de trabajos comunitarios, se le retiró el permiso de armas por dos años y debe guardar una orden de alejamiento de su pareja.
Ángel Hernández, en Soria
Por último, el caso de Ángel Hernández, exprocurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, que reununció a todos sus cargos políticos y públicos después de ser detenido por presuntos delitos de violencia machista, entre los que figuraban amenazas, acoso, coacciones y maltrato.
Fue arrestado el pasado mes de febrero tras gritar y golpear repetidamente la puerta de la vivienda de su pareja, y posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares por la cuales se le prohibía acercarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella
Todos éstos, casos que demuestran la lacra que sigue existiendo en el ámbito de la política pese a la importancia de que un representante público debe predicar con el ejemplo y luchar por la igualdad real y efectiva y erradicar la violencia machista. En paralelo, ya van 39 mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2024, y 1.283 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
