Carolina Darias reclama al Gobierno de Canarias el pago de 10 millones de euros que debe en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por las viviendas sociales que tiene en la capital. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria instó este viernes en el Pleno a los dos partidos de la oposición municipal que además forman parte del Ejecutivo autonómico (Partido Popular y Coalición Canaria) a que abonen dicha cantidad al municipio. Este anuncio de Darias coincidició con la sesión en la que el Gobierno local aprobó por unanimidad -los 28 concejales presentes votaron a favor- la primera modificación del IBI en 12 años, con un ahorro para todas las viviendas de la capital y la mayor parte de los negocios del 7,5%.
«Tenemos relaciones excelentes con el Gobierno de Canarias, pero hay quien las tienes más directas, que pudieran contribuir a que la ciudad tuviera esos 10 millones para hacer obras de saneamiento o de interés social», señaló Darias, sin entrar en el detalle sobre desde cuándo el Ejecutivo autonómico debe esta cantidad a la ciudad. La falta de pago del IBI por estos inmuebles es un problema conocido, en 2012 el exalcalde Juan José Cardona cifró la deuda en 12 millones por los cuatro años anteriores. Mientras que en diciembre de 2022 desvelaron en el Pleno una cantidad similar.
Darias dio esta cifra tras la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar, entre otras partidas, 280 euros en concepto de cuotas de la comunidad y derrama de un bloque de 25 viviendas de la reposición de Tamaraceite; «tenemos que ponernos al día con las deudas, pero también pasa en otras administraciones», en referencia a esos 10 millones que adeuda el Gobierno canario por el IBI.
Carácter político y económico
El Pleno tuvo un marcado carácter político y económico. Además de la bienvenida a la nueva concejala del PSOE, Betsaida González, en sustitución de Adrián Santana, quien dimitió en septiembre, el Gobierno local aprobó una reestructuración del Equipo de Darias, el pago de dos expedientes de pago a proveedores y la modificación de otro por 4,27 millones de euros y la modificación del IBI. También supuso la escenificación de la tensión que existe entre el tripartito y la oposición, especialmente con el PP liderado por Jimena Delgado.
En cuanto a la bajada del IBI, el tipo impositivo general pasa de 0,67 al 0,62%, aunque sigue por encima de los 0,52 que estaba en tiempos de Jerónimo Saavedra. Esta bajada se aplicará a la totalidad de las viviendas de la capital. En cuanto al IBIcomercial o industrial, la mayoría también verá una bajada;tan solo el 10% de los inmuebles con un valor catastral superior a los 75.000 euros mantendrá el tipo anterior.
Esta bajada permitirá un ahorro del 7,5% para los bolsillos de las familias, según el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola. Eso sí, supondrá una merma de 4,8 millones a las arcas municipales. Con una recaudación que el año pasado superó los 91 millones de euros, es el impuesto que más aporta a los presupuestos.
El IBI, «un caramelo envenenado»
Jimena Delgado tildó de «engaño» esta bajada del IBI. Para la portavoz del PP, se trata de «un caramelo envenenado», una bajada previa a la implantación de la tasa de recogida de residuos, que denominó «basurazo de [Pedro] Sánchez», por imposición de la Ley 7/2022 -algo que Spínola defendió que se trata de una transposición europea y Darias apuntó que el PP votó a favor en el Congreso-. La concejala también criticó las bonificaciones a empresas que se vean afectadas por retrasos en obras públicas, «solo se van a beneficiar determinados comercios, se cobrará al final de la obra y encima será rogado, un engorro».
No obstante, celebró que se bajaran impuestos, «algo que llevábamos pidiendo nueve años»; además, anunició que presentarán alegaciones. El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, también elogió la bajada de este impuesto, aunque lamentó que no se tuvieran en cuenta al número de miembros de las familias numerosas, algo que Spínola indicó que revisarán. El edil de CC, David Suárez, por su parte, añadió que «aún así será de los más altos de Canarias» y pidió darle «otra vuelta de tuerca»; también criticó la «arbitrariedad» de las bonificaciones.
Spínola, en respuesta a una pregunta del PP, apuntó que los impuestos que tienen previsto revisar serán, en orden cronológico, la tarifa del agua, la nueva tasa por la recogida de basuras, la de licencias por apertura de negocios, la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) y el callejero fiscal del que depende el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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