Frente empresarial para presionar al Gobierno ante su intención de hacer permanentes de forma inminente los impuestos temporales al sector energético y bancario. En un gesto con escasos precedentes, la patronal de las grandes petroleras (AOP) y las dos principales asociaciones bancarias (AEB y CECA) han publicado este jueves sendos comunicados de forma casi simultánea para advertir de que la medida podría poner en peligro 16.000 millones de euros en inversiones energéticas, así como reducir la capacidad de las entidades financieras de dar créditos por valor de 50.000 millones de euros. Toda una llamada de atención de los dos sectores al Ejecutivo, que estos días encara la difícil tarea de recabar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante su iniciativa.
El momento elegido por las patronales para pronunciarse, así, es cualquier cosa menos casual. El próximo miércoles vence el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley sobre fiscalidad de las multinacionales que el Gobierno contempla aprovechar para tratar de hacer permanentes los gravámenes energético y bancario. Dicho plazo podría volver a prolongarse, pero ello añadiría dificultad a aprobar la ley antes de que los dos impuestos sectoriales dejen de estar en vigor a final de año, como es el objetivo del Ejecutivo para poder seguir recaudándolos en 2025. El tiempo para la negociación se acaba, de ahí que los dos sectores afectados, que se quejan de falta de información e interlocución por parte del Gobierno, hayan lanzado su toque de atención.
En las empresas afectadas, de todos modos, se confía en que el Ejecutivo no sea capaz de sacar adelante un planteamiento de reforma de estos impuestos que suscite a la vez el apoyo de partidos conservadores como Junts y de formaciones de izquierda, como Sumar, ERC o Bildu. Caso distinto es el del PNV, ya que lograría que la recaudación pasara a ser de las haciendas forales vascas y podría aprobar deducciones a Iberdrola. «Parece que hay intereses en algunos sectores políticos que apoyan al Gobierno en que ciertas eléctricas sean excluidas de este impuesto (…) Existe la voluntad de hacerlo permanente y si para hacerlo tienen que dejarse algún fleco por el camino, se lo dejarán», ha criticado este jueves con intención la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz.
Otras opciones
Es cierto, en cualquier caso, que el Gobierno tiene otras opciones. Podría aprobar en solitario antes de que acabe el año un real decreto ley que haga permanentes los impuestos de forma inmediata. Pero incluso en ese caso, el decreto debería someterse posteriormente a la convalidación del Congreso de los Diputados, con las consiguientes dificultades para lograr los apoyos parlamentarios. Si el Ejecutivo no los obtuviese, aún podría optar por prorrogar a 2025 los actuales gravámenes temporales, una decisión que incluso podría materializar una vez iniciado el próximo año. Hay mucho dinero en juego: los dos gravámenes han permitido recaudar 2.859 millones de euros este año a cuenta de los ingresos obtenidos por ambos sectores en 2023.
Ante todas estas posibilidades, petroleras y bancos han querido salir en público a reclamar atención al Ejecutivo. Después de la amenaza de Repsol de llevarse inversiones en Tarragona a Portugal y de las advertencias de la CEOE de los últimos días, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de que están en peligro inversiones por valor de 16.000 millones de euros previstas por las petroleras hasta 2030 para abordar la descarbonización del sector. La patronal de Repsol, Cepsa, Galp, BP, Saras y Gunvor, así, ha cuantificado por primera vez cuánto se podría dejar de invertir. «Un nuevo impuesto dificultará la adaptación de los complejos industriales (refinerías) a los retos de la transición energética y frenará el desarrollo de la industria del hidrógeno y los combustibles renovables», ha sostenido.
Merma del debate público
La AEB y la CECA, en la misma línea, han manifestado su «más enérgico rechazo» a los planes del Gobierno. Como ya aseguraron hace dos años cuando se aprobaron los gravámenes temporales, han afirmado que el impuesto restará en 50.000 millones de euros la capacidad del sector bancario de dar crédito en España. Asimismo, han criticado que aprobar la creación de los nuevos impuestos (ahora son prestaciones patrimoniales) vía decreto ley o mediante una enmienda a un proyecto de ley sobre otra materia «merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad».
Las tres patronales han coincidido significativamente en varios de sus argumentos. Así, han advertido de que España se convertiría en el único país de los 27 de la Unión Europea que tendría unos impuestos de estas características y que ello supondría una desventaja competitiva. Asimismo, han destacado que la situación de las grandes petroleras y de los bancos es muy diferente a la del momento de aprobación de los gravámenes en 2022, con los precios energéticos disparados a raíz de la guerra de Ucrania y con los tipos de interés oficiales subiendo a un ritmo sin precedentes para combatir la espiral inflacionista. También se han escudado en organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE).
Ni la patronal de las grandes eléctricas (Aeléc) ni la de las empresas gasistas (Sedigas) se han sumado a esta presión pública vía comunicado. No obstante, fuentes de ambas patronales reiteran su rechazo al impuesto, expresado en múltiples ocasiones desde su creación como gravamen temporal en julio de 2022.
