“Una de las cosas por las que pasaré a la Historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos”.
La frase la pronunció Pedro Sánchez en noviembre de 2022, para rememorar una de las medidas simbólicas más polémicas que tomó el Gobierno monocolor del PSOE desde que ganó la moción de censura a Mariano Rajoy (junio de 2018) hasta que tuvo que dar entrada a ministros de Unidas Podemos para mantenerse en el poder (enero de 2020).
Los socialistas llevaban menos de tres meses gobernando cuando el Consejo de Ministros cambió la Ley de Memoria Histórica por real decreto-ley e inició el procedimiento administrativo para exhumar de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco.
El cuerpo del dictador fue enterrado el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte, bajo una pesada losa de granito de una tonelada y media, justo detrás del altar mayor de la basílica, construida como mausoleo por orden de Franco para acoger a miles de muertos de la Guerra Civil.
Tras un proceso accidentado, que llegó a los tribunales, el 24 de octubre de 2019 se levantó la citada losa y se sacaron los restos mortales de Franco, que fueron reinhumados en el panteón de la familia Franco en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
Este jueves se cumplirán cinco años de la exhumación, que fue retransmitida en parte por televisión. Familiares del dictador sacaron a hombros el féretro, todo bajo la mirada de tres altos cargos del Gobierno: la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio J. Hidalgo; y el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, considerado el ‘cerebro’ de toda esa puesta en escena.
El asunto de la exhumación de Franco no se ha olvidado en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que desde finales de 2023 agrupa a dos ministerios antes separados, bajo el mando de Bolaños.
En diciembre de 2023 le llegó una solicitud al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, para el acceso a información pública y buen gobierno.
Un particular pidió a Justicia -que fue el ministerio que tuteló la exhumación- “acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento de exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 y en la disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007, iniciado de oficio por el Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2018”.
Especificó que quería acceder también “a los escritos de recurso presentados ante los tribunales contra los actos dictados en el procedimiento administrativo, así como las resoluciones de los tribunales que los hubieran resuelto”, y “los acuerdos dictados por el Consejo de Ministros una vez que adquirieron firmeza las resoluciones que acordaron la exhumación, como la de 11-10-2019”.
Como ocurre con cierta frecuencia, el ministerio interpelado ni contestó. Tampoco lo hizo cuando el solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Transparencia resolvió que “dado que el órgano reclamado no ha contestado a la solicitud, y no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 de la Ley de Transparencia, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación interpuesta”.
En una resolución firmada hace unas semanas, el Consejo de Transparencia insta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que en el plazo máximo de diez días hábiles entregara al solicitante “toda la documentación obrante en el procedimiento de exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde”, en los términos en los que la había pedido.
Hay que señalar que el Consejo de Transparencia ya aprobó en 2020 una resolución igual, parece que relacionada con la misma persona. Entonces el Ministerio de Justicia también se resistió a cumplirla, porque tenía que tapar datos personales de personas implicadas en el proceso y no era una tarea fácil: todo el expediente de la exhumación abarcaba más de 175 documentos, que sumaban más de 1.500 folios. Transparencia le dio un plazo para cumplir esa tarea de proteger los datos personales.
La exhumación, traslado y reinhumación de los restos mortales de Franco es un asunto que desde 2018 ha dado trabajo a las unidades de Transparencia de algunos ministerios, y al propio Consejo de Transparencia. Presidencia y Justicia denegaron el acceso a cartas y documentos relacionados con el caso, y han seguido haciéndolo pese a las resoluciones del Consejo de Transparencia.
