La Fiscalía de Lleida solicita penas de dos años de prisión para los dos acusados de matar al oso Cachou en el Vall d’Aran, hechos ocurridos en abril de 2020. En concreto, la acusación pública solicita una condena de dos años y cuatro meses de cárcel para José Antonio Boya Quintana, que fue conseller de Territorio del Conselh Generau d’Aran, el gobierno local del Vall d’Aran, entre 2015 y 2019, y dos años y tres meses para Aran Medan Guerrero, un agente de Medio Ambiente. Este último imputado habría facilitado la localización del animal y el primero, colocó el veneno. El fiscal reclama una condena inferior a la establecida en el Código Penal por las dilaciones indebidas durante el proceso. La causa estuvo paralizada más de un año y medio.
Boya, que ya no era conseller cuando ocurrieron los hechos, está acusado de dos delitos contra la fauna, por lo que la fiscalía solicita, además de la pena de prisión, que se le inhabilite durante tres años y medio para ser ganadero y que se le prohíba cazar y pescar durante cinco años y cuatro meses, según ha avanzado el diario ‘Segre’ y ha confirmado EL PERIÓDICO de Catalunya. Por su parte, Medan está acusado de un delito de violación de secretos y dos contra la fauna y, aparte de la privación de libertad, se reclama para él una multa de 5.400 euros, inhabilitación para empleo o cargo público durante un año y seis meses y tres años y medio para el oficio de agente de Medio Ambiente, así como que se le prohíba cazar y pescar durante cinco años y cuatro meses.
El oso fue encontrado muerto en el bosque / Agents Rurals
La fiscalía sostiene que Medan dio a Boya información confidencial «a sabiendas de que este quería eliminar al oso»
La fiscalía sostiene que Medan, que era técnico especialista en el seguimiento y control del oso hasta enero de 2020 y desde abril de ese año, agente auxiliar de Medio Ambiente, conocía, «por razón de su cargo» la geolocalización de Cachou, en concreto mediante un sistema GPS que se había colocado en el collar del animal, aparato que también ofrecía su actividad, su temperatura corporal y sus pautas de movilidad. A pesar de que sabía que esta información era «restringida y no debía ser divulgada», según la acusación pública, Medán facilitó los datos al otro imputado, Boya, «a sabiendas de la intención que este tenía de eliminar al mencionado oso».
Envenenamiento
Con la información de geolocalización en sus manos, Boya, «con intención de atraer al oso Cachou con el fin de su muerte y sin estar legamente autorizado», colocó en el Bosque Soberpera, en la población de Les, un señuelo untado en un producto con alta concentración de etilenglicol que, al ser ingerido, se metaboliza dando lugar a compuestos altamente tóxicos, tales como glicoaldehido y diferentes ácidos. Este compuesto, añade la fiscalía, «potencialmente tiene efectos letales sobre cualquier mamífero que habitase en el área donde dicha sustancia fuese derramada».
El cuerpo sin vida del oso / Facultat de Veterinària
Como consecuencia de la ingesta del señuelo, Cachou, falleció el 9 de abril de 2020, tras agonizar varios días. El escrito de acusación remarca que se trataba de un ejemplar de una especie protegida de oso pardo, calificada en peligro de extinción, de «interés comunitario» y cuya muerte está prohibida. Pertenecía a una población «muy pequeña» de osos en la cordillera pirenaica. Cuando ocurrieron los hechos había 52 ejemplares.
Mató a cinco yeguas
Cachou nació en 2015 y era hijo de la hembra Plume y del macho Balou, ambos de origen esloveno. De ese país proceden los animales con los que se activó en los noventa la recuperación del oso de los Pirineos, al borde de la extinción. Cachou desarrolló un comportamiento de gran depredador. En apenas dos semanas, a comienzos de otoño de 2019, mató a cinco yeguas. Cinco ataques que lo pusieron en el punto de mira de los ganaderos de extensivo que crían caballos y ovejas en libertad, los más afectados por sus ataques y entre los que se encuentran varios de los miembros más entusiastas del grupo de WhatsApp de la ‘plataforma antioso’.
