La bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones para el grupo II, que incluye descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, anunciada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el pasado debate del estado de la comunidad tendrá un efecto limitado en el corto plazo. Según las cifras que maneja la consejería de Hacienda, en el próximo año se beneficiarán de la medida únicamente 670 aragoneses.
La medida, que se toma en el contexto de la lucha entre comunidades autónomas para evitar la salida de las grandes fortunas hacia otros territorios con mayores incentivos fiscales, implicará una merma en los ingresos propios de unos 28 millones de euros. Según argumentó Azcón en su intervención parlamentaria, con la bonificación «ningún descendiente, ascendiente o cónyuge pagará por la muerte de un ser querido, es un acto de justicia que, por fin, verá la luz en nuestra comunidad autónoma».
El cambio se suma a la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones del grupo 1, entre los que se encuentran todos los menores de 21 años que hereden de sus padres, abuelos o bisabuelos, puesta en marcha el pasado año que finalmente solo está beneficiando a unos 150 aragoneses durante el presente ejercicio. Con la última reforma aprobada por el Gobierno del PSOE ya estaba bonificado al 99% hasta los 18 años.
Respecto a las bajadas de impuestos, el director general de Presupuestos del Gobierno de Aragón, Ignacio Barquero, señaló ayer en las Cortes de Aragón que en el año 2024 las previsiones de ingresos «van muy bien» al considerar que se cerrará el año «por encima de lo presupuestado», incluso en Patrimonio. «Lo que en su día se hizo fue subir el límite a 400.000 y 700.000, lo que en Sucesiones supone que nos equiparamos a regiones de nuestro alrededor», recordó. En este sentido indicó en que el impacto será limitado porque «el dinero es cobarde» y que el objetivo final es impedir que quien tenga una gran fortuna se acabe empadronando en otras comunidades, como pueda ser Madrid.
Con más dudas ven estos procesos desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). «Rompe con el principio de progresividad cuando los organismos internacionales recomiendan este tipo de impuesto para evitar la desigualdad», afirma el portavoz de la entidad, José María Mollinedo. Calculan que en Aragón los beneficiarios del grupo que se va a bonificar únicamente representan el 0,9% de los declarantes de Sucesiones y que reciben en sus herencias unas bases imponibles del 19,3%. Esto implica que beneficia a menos del 1% de los herederos, los cuales reciben casi el 20% de lo que se hereda en la comunidad y que se ahorrarán el 51,5% de la cuota total de este grupo II.
Por otro lado, desde Gestha evidencian que la renuncia a los impuestos cedidos por parte del Estado a las comunidades autónomas contrastan con las críticas a la falta de financiación. «La carrera por las bonificaciones siempre termina beneficiando a las personas más adineradas», expresó.
Por su parte, el director general de Presupuestos, defendió la medida en su comparecencia a petición de Vox y el PSOE para esbozar las líneas maestras de las cuentas de 2025. Además, expresó su preocupación por la merma de ingresos pero, al mismo tiempo, «que haya casi 90 millones menos de ingresos que el año pasado me preocupa obviamente. Para mí, cuantos más ingresos mejor y cuantos menos gastos mejor. Pero lo que más me preocupa de la caída de los ingresos no son solo los 90 millones, sino que observamos desde Hacienda que perdemos peso relativo en el sistema de financiación», lamentó.
«Nominalmente, ingresamos más, pero comparativamente con otras comunidades autónomas, ingresamos menos. El sistema nos está excluyendo porque no tiene en cuenta las particularidades de Aragón», denunció. Entre otras cosas, porque la comunidad debe asumir los «costes fijos», como pueda ser la construcción de un hospital, a pesar de que tener menor población y que esta esté más dispersa.
Por otro lado, anticipó que 2025 «tiene que ser un año en la que la ejecución de los fondos ligados al mecanismo estatal de Recuperación y Resiliencia se potencie».