La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha fijado para el próximo 22 de octubre la sesión para la votación y fallo de la sentencia del caso ‘Perla Negra’, que sentó en el banquillo a doce acusados desde febrero a mayo de este año en lo que se consideró el mayor proceso por corrupción enfrentado por el Partido Popular en la comunidad autónoma.
El caso, sobre el que el tribunal lleva deliberando cinco meses, incumbe a exaltos cargos del Gobierno de Castilla y León, incluidos dos viceconsejeros, y a una serie de empresarios íntimamente relacionados con la Consejería de Economía que dirigía, por las fechas en las que sucedieron los hechos, el ya fallecido Tomás Villanueva, mano derecha del entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
El conocido como caso ‘Perla Negra’ —apelativo cinematográfico con el que popularmente se bautizó al edificio objeto de una compraventa más que dudosa por parte de la Consejería y con un sobrecoste millonario— con, al inicio, doce acusados, entre ellos los entonces (hablamos de 2005) viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, soltó amarras el 26 de febrero y llegó a puerto el 6 de mayo, después de casi tres meses de declaraciones de peritos, testigos e implicados e intervenciones de abogados defensores y acusaciones.
En el banquillo sólo quedaron once
Todo transcurrió durante esos 53 días como se esperaba, salvo la sorprendente exoneración de toda responsabilidad de uno de los acusados: el exalto cargo de las empresas públicas ADE y Gesturcal y al mismo tiempo empresario cercano al Gobierno autonómico Alberto Esgueva, a quien las acusaciones retiraron todos los cargos en una de las últimas sesiones del juicio, de modo que en el banquillo del buque llegaron a su destino únicamente once.
El presidente de la Sala invitó a Esgueva, acusado de malversación, fraude a la administración y pertenencia a organización criminal a abandonar su asiento y salir, libremente, de la sala, después de que tanto la fiscal del caso como el abogado del PSOE sacaran a Esgueva de sus escritos de acusación en los que este último pedía 22 años de cárcel para el después liberado.
El letrado defensor de Esgueva llegó a afirmar que un proceso como este, en el que su representado ha estado imputado durante años, ha supuesto su “muerte civil”.
La fiscal: “Pudieron negarse a ejecutar y dimitir de sus cargos”
Dado que los acusados señalaron no sólo su inocencia en los hechos que se juzgaban, sino que además, en el caso de los exaltos cargos, se los imputaron a quien fuera su superior, el consejero fallecido, la fiscal del caso argumentó que, por un lado, los empresarios encausados son “profesionales que no pueden alegar que desconocían la relevancia de sus actos” y, por otro, que los exaltos cargos del Gobierno autonómico “no pueden atribuir los hechos a una persona fallecida, porque la solución era sencilla: negarse a ejecutar y dimitir”.
Las defensas de los dos exviceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, arguyeron que todas las actuaciones fueron transparentes y que no existen los delitos de prevaricación, revelación de secretos, malversación o tráfico de influencias; incluso que, si los hubiera, en todo caso, habrían prescrito, y reclamaron la libre absolución y la imposición de costas a las acusaciones.
La última palabra
Antes de dar la causa por cerrada y vista para sentencia, el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial llamó al estrado a los once acusados, a los que puso voz, únicamente, el exviceconsejero Rafael Delgado, mientras el resto se limitó a agradecer al tribunal el trato recibido y dar por bueno lo dicho hasta el momento.
Delgado se circunscribió a reiterar su inocencia, a negar el daño para las arcas públicas, pero también a insistir, como había hecho su defensa, en que su actuación se limitó a hacer lo que le mandaban.
“Yo no he formado parte de ninguna cúpula, capilla, monasterio o catedral”, ironizó Delgado, “me he limitado a ejercer las competencias atribuidas, con la debida obediencia a quien tienes como superior, por tanto, bajo la dependencia, dirección, mandato, control e inspección del consejero”, añadiendo que únicamente acompañó “la firma de las operaciones autorizadas por mis superiores jerárquicos”.
El proceso de corrupción sobre el Partido Popular
Las peticiones de cárcel en este proceso sobre corrupción, considerado el mayor en la comunidad autónoma, que afecta de lleno al Partido Popular, al mando del barco del Gobierno autonómico en los últimos 38 años, difieren desde los 20 de prisión que reclama la propia Junta —que sólo acusa a ocho de los inicialmente doce encausados— y los 79 años que pedía la Fiscalía o 221 a los que ascendían las calificaciones de la acción popular del Partido Socialista de Castilla y León antes de la retirada de los cargos contra Alberto Esgueva.
Las penas más elevadas, 11 años de prisión, señaladas por la Fiscalía se solicitan para los exviceconsejeros de la Consejería de Economía, Rafael Hernando y Begoña Hernández, y el que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.
El PSOE incrementa sustancialmente esas cifras hasta los 34 años de cárcel para los exviceconsejeros y su inhabilitación durante 105 años; y pedía otros 22 años para los empresarios Alberto Esgueva -ahora fuera del proceso- y Germán José Martín Giraldo, así como diversas otras peticiones desde los 11 a 18 años para el exconsejero delegado de Gesturcal-ADE Parques, el exdirector gerente de esa misma empresa pública, Salvador Molina, y el resto de implicados.
La acción popular solicita, además, indemnizaciones por valor de más de 25 millones de euros por la pérdida patrimonial que arrojó la operación del edificio, así como otros 25 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.
