‘Built to rent’ es la expresión mágica. La fórmula que, al parecer, se necesitaba para solventar décadas de inexistentes políticas públicas de vivienda, y que ha situado a Balears en el furgón de cola en cuanto a la ratio de viviendas protegidas por habitante. En el ‘built to rent’ una promotora se hace cargo de la construcción de los pisos y asume su gestión, en régimen de alquiler limitado, durante un largo periodo de tiempo -lo habitual son 75 años-. Una opción que combina la iniciativa pública y la privada, y que ha sido bendecida por el Govern.
El ‘built to rent’ también es una fórmula que permite a los ayuntamientos hacer política de vivienda, acuciados por actual crisis provocada por la falta de pisos a precio asequible. A lo largo de este año, los equipos de gobierno municipales han presentando diversos planes de acceso a la vivienda, y las medidas estrella son la cesión de solares para el ‘built to rent’.
El color político de los Ayuntamientos también influye a la hora de tomar medidas. Los municipios tienen a su disposición dos opciones: las que aporta el Gobierno central a través de la Ley por el Derecho a la Vivienda, o las que el Govern balear recoge en el Decreto Ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda. Evidentemente, los municipios de Ibiza, al estar todos gobernados por el PP, se han decantado por las medidas propuestas por el Govern. Ninguno se plantea limitar el precio de los alquileres.
Al margen de la iniciativa anunciada por el Ayuntamiento de Sant Josep de priorizar las licencias urbanísticas de viviendas destinadas a una primera residencia, estas son las otras propuestas en materia de vivienda de los diversos ayuntamientos de la isla.
Vila
El pasado mes de junio, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, presentó el plan ‘Ibiza, una ciutat per viure-hi’ en el que recopilaba diversas iniciativas para paliar la falta de vivienda a precio asequible. Vila ha anunciado que cederá cuatro solares de titularidad municipal, dos de los cuales irán al Ibavi -80 viviendas- y otros dos al Govern -301 viviendas- para que los incluya en el programa ‘built to rent’. Se prevé construir, entre otros lugares, en la parcela que actualmente ocupa el Mercat Pagès y en la parcela de la antigua escuela de Sa Bodega. A estas iniciativas hay que sumar las 532 VPO de Ca n’Escandell, que es una herencia del anterior equipo de gobierno progresista.
Vila se ha acogido a la posibilidad que ofrece el Decreto ley del Govern para reconvertir locales comerciales en viviendas, aunque se desconoce si ha recibido propuestas de particulares en este sentido. También se ha propuesto cambiar el uso de diez espacios de titularidad municipal, situados en sa Penya y Dalt Vila, para transformarlos en viviendas en régimen de alquiler a precio limitado.
Además, en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, aseguran que han colocado rótulos informativos en las fincas recordando la ilegalidad de esta práctica en los edificios plurifamiliares, y han habilitado una comunicación de incidencias en la Línea Verde para favorecer las denuncias en este tema.
Santa Eulària
En este municipio, el plan de actuaciones de acceso a la vivienda se presentó bajo el lema ‘Santa Eulària crea futur’, y tiene puntos en común con las medidas adoptadas por Vila: su principal baza es facilitar solares municipales para construir viviendas en alquiler a precio limitado e intensificar la lucha contra el alquiler turístico ilegal.
En este caso, se trata de 300 viviendas también según el modelo ‘built to rent’ que se construirán en unos solares en Cas Capità y en s’Olivera. Según un portavoz municipal, «se está ultimando la redacción de los pliegos para construir estos edificios. La idea es poner en marcha el concurso y empezar a construir tan pronto como se pueda».
Respecto a la persecución del alquiler ilegal, Santa Eulària informa que ha abierto seis expedientes de sanción por una cantidad total cercana al millón de euros, y que ha aprobado una modificación de las Normas Subsidiarias que facilita la apertura de expedientes de infracción en esta materia. Al igual que en Vila, se ha realizado una campaña entre las comunidades de propietarios para informar de la ilegalidad del alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares.
Sant Antoni
El municipio portmanyí no ha concretado todavía la aplicación de ninguna medida específica, al margen de aprobar la adhesión a algunas medidas del Decreto ley balear. Una de ellas es la del crecimiento en altura, en el que se propone que en edificaciones existentes que ya haya prescrito la acción de demolición, puedan acogerse a la posibilidad de incorporarse a la ordenación, si cumplen unos requisitos, y destinando las plantas resultantes a viviendas de precio limitado. Se desconoce si se han recibido solicitudes en este sentido.
También se ha aprobado, como en Vila, que suelo calificado como equipamientos pueda destinarse a viviendas de precio limitado, pero desde el Ayuntamiento no se ha dado más detalles sobre si ha llegado algún proyecto para aplicar esta posibilidad.
Lo único que se ha concretado es que veinte locales comerciales situados en planta baja se han reconvertido en viviendas desde el año 2022, aunque esta posibilidad ya la contemplaba el planeamiento urbano de Sant Antoni, y no tuvo que esperar al Decreto de vivienda balear.
Respecto a la construcción de viviendas de alquiler a precio tasado, el Ayuntamiento informa que «está buscando terrenos» para aplicar esta esta medida.
Sant Joan
A causa de sus características, con una escasa densidad de población, el problema de la vivienda no resulta tan acuciante en Sant Joan como en el resto de municipios. Desde el Ayuntamiento, además, recuerdan la gran dificultad que tienen para conseguir suelo para construir a precio tasado: «En Sant Joan no queda casi suelo urbano para construir nuevas viviendas ya que estamos en un municipio con más del 90% del suelo que es rústico protegido. A día de hoy tampoco disponemos de suelo público vacante para poderlo destinar a la construcción de VPO», informan desde el Consistorio.
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