El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilanova i la Geltrú ha aceptado la demanda interpuesta por la exagente de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral, contra la plataforma Netflix y Arcadia, la productora de la serie ‘El cuerpo en llamas’ basada en el ‘crimen de la Guardia Urbana‘ y que narra el triángulo amoroso fatal que tuvo como protagonistas a tres agentes de la policía municipal de Barcelona: la propia Peral, su amante Albert López y la pareja de ella Pedro R.
La Audiencia de Barcelona condenó a Peral a 25 años por asesinar a su pareja, Pedro R., junto a su amante, Albert López, otro exagente de la Guardia Urbana, que cumple una pena de 20 años de prisión. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2021 y en septiembre de 2023 Netflix estrenaba una ficción sobre este caso.
Sin embargo, Peral no quedó contenta con el resultado que se puede ver en la serie, ya que se la presenta, según ella, como «una madre negligente que no quiso ver a sus hijas durante más de dos años, y por otro, se la llega a interpretar como una mujer violenta que saca a su hija de su coche a empujones y gritos». Por eso, interpuso una demanda judicial contra Netflix y la productora al considerar que ‘El cuerpo en llamas’ vulneraba sus derechos fundamentales, como el derecho al honor, intimidad y propia imagen y los de su hija mayor, que también aparece en la serie.
Así, Peral pide a Netflix y a la productora una indemnización de unos 30 millones de euros por los daños morales causados con la serie. En concreto, sería 26,5 millones de euros para su hija (1 euro por el número de horas que se ha reproducido la serie) y 2,6 millones euros para ella (10 céntimos por hora).
El juzgado ha aceptado a trámite la demanda y ahora trasladará la reclamación a la plataforma y a Arcadia para que respondan y luego se fijará la práctica de la prueba. Al ser una causa por vulneración de derechos fundamentales se debe tramitar con cierta premura.
Tras conocerse que el juzgado estudia la demanda la abogada de Peral, Núria González, ha expresado a este medio su satisfacción por el inicio del procedimiento judicial sin que el juzgado pusiera objeciones como hizo cuando rechazó la reclamación de la condenada en septiembre de 2023 de suspender cautelarmente la emisión de la serie.
La demanda señala que Peral «nunca fue informada ni por la productora ni por la plataforma de la realización de esta serie y que tampoco cedió sus derechos de imagen» ni los de su hija quien también aparece y que tenía 6 años cuando ocurrieron los hechos. Además, considera que la menor es «completamente identificable» en la ficción y tiene «un papel protagónico a lo largo de los ocho capítulos».
«No es solo el tiempo de aparición de la menor lo que podría socavar su derecho a la intimidad, al honor y a su propia imagen, sino las acciones que se atribuyen al personaje, desde el inicio de la serie hasta el final, todas ellas completamente falsas, pero enfocadas a que el espectador perciba y adopte que fue su declaración en algún momento del proceso judicial en el que en realidad nunca participó la principal prueba de cargo en el juicio real contra su madre», indica la demanda.
En este sentido, Peral señala que en la serie se narra cómo la hija presuntamente habría informado a la pareja actual de su padre, exmarido de la condenada, que había visto a la víctima con sangre, un extremo que no se aceptó como prueba en el juicio, como recuerda la demanda.
«Los creadores podrían haber explicado la misma historia sin necesidad de involucrar a la menor, cosa que se ha hecho con ánimo de hacer un producto audiovisual más atractivo para asegurar las ganancias del mismo», destaca el escrito de la exagente de la Guardia Urbana quien añade que este «ánimo de lucro agrava aún más la vulneración de los derechos fundamentales de la menor».
Sobre Peral, la demanda remarca que la serie da por ciertos «hechos que no se ajustan a la realidad de Peral y que pertenecen a su esfera más íntima que pueden la exagente «un enorme perjuicio presente y futuro», incluso afectando a «su régimen penitenciario o en la concesión de futuros permisos». Por eso, Peral afea a la ficción que ponga «en entredicho su vida sexual de manera pública» y le dé una «connotación negativa», inventándose los hechos para mejor acomodo del producto audiovisual.
Ahora, debe ser el juzgado el que tramite la demanda de Peral y tomará la decisión una vez escuche a las partes y estudie las pruebas presentadas. Sin embargo, el proceso judicial va para largo, ya que la sentencia puede ser recurrida, con lo que al ‘culebrón’ del ‘crimen de la Guardia Urbana’ le quedan más capítulos.
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