Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para debatir la batería de propuestas que les lanzó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para endurecer las políticas migratorias comunitarias. Una de ellas, la más polémica y la que más división ha suscitado, abre la puerta a crear centros fuera de las fronteras europeas para expulsar a personas migrantes que lleguen de manera irregular.
“Los inmigrantes sin derecho legal a entrar en la UE deben ser devueltos”, aseguró Donald Tusk. Pero fue en junio de 2015. Tusk era entonces presidente del Consejo Europeo y Europa se enfrentaba a su mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Aquel verano, más de un millón de personas llegaron a Europa huyendo de la guerra en Siria. En aquella cumbre, los líderes se comprometieron a intensificar las negociaciones con terceros países, usando las políticas de comerciales y de desarrollo a modo de incentivo o chantaje, para que admitieran a las personas que Europa aspiraba a expulsar.
Casi diez años después, y con poco más de una décima parte de las llegadas irregulares según datos de ACNUR, el discurso se ha endurecido y también las políticas migratorias. Pero a pesar de dificultar el acceso al asilo, los acuerdos con Turquía, Libia, Túnez, Marruecos o Mauritania para frenar las salidas, o las trabas a las operaciones de rescate, con la excepción de la caída notable durante la pandemia en 2020, y un repunte en 2023, las cifras de llegadas irregulares a Europa se estabilizan.
Cuestiones que entonces eran impensables, como financiar la construcción de vallas, la externalización de la gestión de las demandas de asilo o los retornos, o revisar la definición de país seguro, han dejado de ser tabú. “Lo que hemos visto a lo largo de los años es que el debate ha evolucionado en una dirección: a la derecha”, aseguró una alta fuente comunitaria.
El pacto de la división
Tusk se sienta ahora en el Consejo Europeo como primer ministro de Polonia después de haber anunciado que su país estudia suspender el derecho al asilo, y no aplicar el pacto migratorio que la UE aprobó en mayo tras casi una década negociando. Varsovia quiere que se aproveche el casi año y medio que queda hasta su entrada en vigor para que se aborde lo que considera “lagunas” en el pacto.
Pero no es el único. Buena parte de los gobiernos europeos cuestionan ahora un conjunto de leyes que aprobaron hace cuatro meses, poniendo de manifiesto de nuevo las divisiones entre los veintisiete. Mientras, países como España, Francia o Países Bajos, abogan por que se acelere la puesta en marcha de la legislación para hacer frente a los retos actuales.
Pero tampoco están de acuerdo en cuáles son las leyes que hay que acelerar. Para los países en primera línea, no se puede avanzar en las devoluciones en el marco de Dubín -que exige que los demandantes de asilo sean reenviados de vuelta al primer país de entrada-, sin que se pongan en marcha también los mecanismos de solidaridad. Mientras, los países de destino introducen sistemáticamente controles en sus fronteras poniendo en riesgo la viabilidad del espacio de libre circulación europeo.
El modelo Meloni
En lo único en lo que los gobiernos europeos parecen estar de acuerdo es en la necesidad de acelerar las expulsiones. Con la reforma de la directiva de retornos atascada desde hace años, von der Leyen propone una nueva ley para agilizar estos procesos. Aquí, hay consenso, pero no en la idea de que esos retornos se hagan desde centros fuera de las fronteras europeas, copiando el modelo que la primera ministra Giorgia Meloni ha impulsado en Albania para procesar las demandas de asilo fuera de Italia.
Algunos países, como España, se oponen frontalmente. Otros, como Francia o Luxemburgo, evitan posicionarse hasta ver la letra pequeña. Pero ya existe una mayoría creciente de países que se abre a explorar esta opción. Según fuentes diplomáticas, las dudas de una parte de los veintisiete ya no son morales o legales, sino prácticas. La gran pregunta es si merece la pena, si el método hará las políticas de retorno efectivas o solo alejará en el problema del territorio europeo por un tiempo.
Además, está la duda de si será factible. No es la primera vez que la UE sondea la posibilidad de establecer centros fuera de la UE. Lo hizo en 2018 cuando planteó la creación de puertos fuera de Europa para desembarcar a personas rescatadas en el Mediterráneo. Y lo hizo sin éxito, en parte, por la falta de colaboración de terceros países que tampoco está garantizada en este caso.
Menos comunicados y más diálogo
En su carta a los líderes, Von der Leyen detalla una decena de puntos en los que considera que hay margen de actuación, desde hacer uso de la política de visados con determinados países para empujarles a readmitir nacionales que hayan llegado de manera irregular a Europa, hasta hacer frente a la instrumentalización de la migración por parte de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Polonia, o revisar la política respecto a Siria.
Para muchos, lo de menos hoy es ponerse de acuerdo hoy en un texto que traduzca una posición común que, en realidad, no existe. Lo importante es sentarse a la mesa y tener un debate en profundidad sobre qué más puede hacer la UE. “Incluso aunque veamos que hay puntos en común en la discusión, hay cuestiones que son sensibles”, aseguró una alta fuente europea, “esa discusión puede servir para guiar a la Comisión”.
