Este miércoles se hacía público un auto en el que el Tribunal Supremo asevera que hay pruebas suficientes para investigar al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Hasta ahí, lo esperado. El problema ha venido cuando uno se lee la resolución judicial, y los jueces dicen que no le van a investigar por la nota de prensa que emitió la Fiscalía sobre Alberto González Amador desmintiendo un bulo sobre sus comunicaciones con el fiscal del caso que le investiga por fraude fiscal, que era lo denunciado por la pareja de Ayuso. Los magistrados dicen que lo que van a investigar es la filtración previa de esos correos electrónicos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador porque la persona que tenía copia de esos correos era Álvaro García Ortiz. Vayamos por partes para explicar esta locura de auto porque no es fácil: lo primero que hay que decir es que no es cierto que solo el fiscal general y la jefa de la Provincial tuvieran esos correos. También los tenía el letrado del novio de Ayuso, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, el staff del fiscal general y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid como poco. Es más, el medio que publicó el bulo transcribía torticeramente esos mismos correos, por lo que la persona primero filtró los correos fue alguien cercano al propio denunciante no de la Fiscalía. Y ahí viene la segunda parte: mientras un medio publicaba directamente una mentira sobre el caso auspiciada por el entorno de la pareja de Ayuso, otros medios consiguieron esos correos y los publicaron en su integridad, desmintiendo que fuera la Fiscalía la quisiera pactar, pues en realidad lo que decían esos correos es que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quería un acuerdo de conformidad y admitía haber cometido los delitos fiscales. Libertad de prensa Ahora el Supremo dice que quiere investigar eso. Pues bien, ¿qué creen que va a suceder? ¿Que van a citar a los periodistas y van a revelar sus fuentes? Habría que recordarles a los señores de las togas y las puñetas que el secreto profesional, y por ende nuestro derecho a no revelar las fuentes, es el pilar básico de nuestro oficio. Que ningún periodista, ninguno, va a llegar a una sala y le va a contar al juez quién o quiénes le han pasado la información. Es justo por esto, y porque que no me vengan los togados con milongas porque saben perfectamente que esta causa nace muerta, que cualquiera que sepa un poco de tribunales y de periodismo se pregunta cómo desde el Supremo han sido capaces de meterse en semejante jardín. Porque más allá de lo que le suponga al fiscal general del Estado, y ojo, que le puede suponer una dimisión, lo que pretenden estos señores es meter la nariz en la libertad de prensa. Y lo digo, de verdad, incluso por los periodistas que publicaron el…

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