Aunque la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba casi descontada en el debate político, la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo llegó en un momento especialmente delicado, con la trama Koldo abierta en canal y coincidiendo con la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar también a José Luis Ábalos. El enfrentamiento entre el Ministerio Público y el novio de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de correos electrónicos, la supuesta revelación de secretos y la polémica nota de prensa en la que la Fiscalía informó de las negociaciones que habría tenido con Alberto González Amador en su investigación por fraude fiscal auguraba este desenlace.
El Gobierno intenta taponar fugas por los diferentes frentes judiciales que se le abren. Si en público defendió la “honorabilidad” del fiscal general y su actuación para “contar la verdad y desmentir una información falsa”, en privado fuentes del Gobierno cuestionan abiertamente la decisión del Supremo. En el Ejecutivo consideran que la investigación “quedará en nada”, a pesar de que la decisión se adoptó por unanimidad en el Alto Tribunal.
Otras fuentes del Gobierno apuntan directamente a la falta de consistencia en el auto del Supremo, que califican de “cabriola procesal”, y dan por hecho que se archivará en un plazo de entre seis u ocho meses. Consideran que al imputarle por la filtración de unos correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía será difícil probarlo. “Las posibilidades de instruir una revelación de secretos por una filtración son muy remotas”, apuntan estas mismas fuentes recordando que García Ortiz sí se responsabilizó de la nota de prensa emitida con estos datos, pero no de la filtración de los correos a los que múltiples personas tendrían acceso.
En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo, en cambio, dan por hecho que la dimisión “tendrá que llegar”. “Esto no lo aguanta ni el fiscal de Pedro Sánchez”, llegan a decir en la cúpula conservadora. El PP lleva semanas advirtiendo de que esta decisión llegaría y ahora trasladarán la presión hasta la Unión Europea.
El líder conservador quiere aprovechar el encuentro del PP europeo -previo a la cumbre de jefes de gobierno de jueves y viernes en Bruselas- para explicar a todos sus socios la situación en la que se encuentra España. Además de informar sobre la trama Koldo y las recientes derivadas que miran directamente a Ábalos -como exministro y ex mano derecha de Sánchez- Feijóo pretende abordar directamente la imputación de García Ortiz con el resto de países europeos.
En Génova consideran “un escándalo absoluto” la situación en la que ha quedado el fiscal general -“algo que todo el mundo va a entender en Europa” advierten- y pretenden recordar que la propia Fiscalía Europea se quejó recientemente de la falta de colaboración española en el caso que investiga sobre Begoña Gómez. En concreto, la Fiscalía comunitaria investiga los contratos adjudicados desde el Gobierno -con fondos europeos- al empresario Carlos Barrabés, relacionado con la esposa del presidente, después de que ésta firmara cartas de apoyo a la UTE del empresario.
Reunión con la cúpula de fiscales
García Ortiz, por su parte, tiene previsto dar este jueves «las explicaciones oportunas». Por la mañana ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala, de la que forman parte los máximos responsables de la Fiscalía en cada especialidad; y por la tarde a la cúpula fiscal, un órgano integrado en parte por profesionales elegidos entre sus compañeros de carrera. No se puede votar sobre su continuidad, pero previsiblemente García Ortiz tendrá que enfrentar numerosas peticiones de dimisión en ambos órganos.
La Junta de Fiscales cuenta con una mayoría de asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en principio favorables al fiscal general, si bien en ocasiones anteriores no siempre todos ellos han apoyado su postura. Por lo que respecta al Consejo Fiscal, se espera una reunión muy tensa por la mayoría de vocales que la integran de la asociación mayoritaria -de corte conservador- y que ya han instado su cese en otras ocasiones.
Defensa clara de Bolaños y Montero
Públicamente el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, insinuó durante una comparecencia pública este miércoles para valorar el auto que, en su opinión, se acabará archivando. Según sostuvo, el fiscal general se habría limitado a «cumplir con su deber». Esto es, «perseguir el delito y decir la verdad», mientras que el «delincuente», en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría hecho «lo contrario».
La primera en salir en su defensa fue María Jesús Montero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda dijo defender “no solo su honorabilidad, sino también todo el trabajo que viene realizando”. Tras ello cargó contra el PP por intentar “criminalizar a la Fiscalía”. “Lo que hizo [García Ortiz] fue defenderse de aquello que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo con una bandera detrás sobre que le habían ofrecido un pacto [a González Amador]”, zanjó.
