El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha pedido al Gobierno más recursos para investigar más a grandes patrimonios y fortunas y no tanto a pymes y autónomos, que es donde la Agencia Tributaria centra ahora sus principales esfuerzos.
Durante una jornada organizada por Sumar para hablar sobre fiscalidad, Cruzado ha alertado que el modelo de lucha contra el fraude de la AEAT «está agotado» porque se centra básicamente a «controlar discrepancias en rendimientos de trabajo de autónomos y pequeñas empresas». «El esfuerzo que dedica a la gran empresa y al gran fraude, que es donde radican las grandes fortunas en grandes empresas, pues es mucho menor», ha apostillado el presidente de Gestha.
En concreto, ha señalado que el 75% de las actuaciones de comprobación de la Agencia se corresponden con el impuesto de la renta declarada por trabajadores y autónomos, con una con una recaudación media de 1.000 euros. «Hay que desplazar la lupa hacia donde están las grandes bolsas de fraude», ha enfatizado Cruzado.
El máximo representante de Gestha ha indicado también que aunque la Ley del 2021 para la prevención del fraude buscaba impulsar la investigación de los grandes patrimonios en sus relaciones societarias y familiares, la realidad es que «fallan los recursos» porque la norma no establece la necesidad de dotar de mayores recursos a la Agencia Tributaria.
Falta de medios y personal
En este escenario, Cruzado ha protestado porque faltan medios para analizar toda la información disponible y poder levantar un dato elocuente sobre el fraude en grandes fortunas. De hecho, ha indicado que las denuncias por delitos fiscales, establecidas a partir de los 120.000 euros, han pasado de más de 1.000 en 2011 a menos de 200 el año pasado.
Esto se debe, ha señalado el presidente de Gestha, a la deshabilitación de los técnicos de Hacienda en el año 2010 para continuar con los expedientes en los que se observaba un delito fiscal.
Cruzado ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo el compromiso de designar a expertos independientes para elaborar periódicamente un informe sobre economía sumergida y de fraude fiscal desagregado por regiones. «Esto no se ha hecho y no parece que haya intención de cumplirse por las declaraciones que los distintos a directores de la agencia tributaria hacen cuando comparecen en el Congreso», ha señalado.
Por último, el presidente de Gestha ha recordado que la Ley de 2021 para la lucha contra el fraude también obligaba al Ejecutivo a diseñar un plan y una metodología para llegar a poder contar con los medios suficientes equiparables en cuanto a efectivos a la media de la unión europea, pues España se encuentra en la mitad de medios en función de las personas dedicadas al a la lucha contra el fraude.
