- Dossier de noticias
- La polémica nota de prensa
- Revelación de secretos
- Derecho a una información veraz
- Cierre de filas del Gobierno
En una decisión inédita, el Fiscal General del Estado ha sido imputado por un delito de revelación de secretos. Sin embargo, Álvaro García Ortiz ya tiene preparada su defensa. Tratará de demostrar que los datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, que incluyó en la polémica nota de prensa, ya habían sido difundidos por medios de la “fachosfera”.
El fiscal general asumió hace meses “toda la responsabilidad” por el contenido del comunicado de prensa.
Por ello, ha anunciado que no dimitirá del cargo y ha convocado para este jueves a “la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado”.
Dossier de noticias
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la Fiscalía, García Ortiz se defenderá de su imputación con un dossier de noticias sacadas de la “fachosfera”, el mismo término utilizado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar ridiculizar e insultar a los medios a los que considera “máquina del fango” de PP y Vox, porque se encuentran en campaña permanente en contra del Gobierno.
Su defensa ante la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal este jueves, y después en el Supremo, se basará en negar que hubiera filtración alguna de datos de la pareja de la presidenta madrileña.
Lo que se produjo, insistirá, fue la “aclaración de informaciones falsas difundidas en aquel momento por parte de distintos medios de comunicación “de derechas” en defensa del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad”.
La estrategia se basará, así, en precisar que el secreto, cuya revelación se le atribuye al fiscal general, “ya había sido desvelado de forma interesada e incorrecta”, por lo que el contenido de la polémica nota de prensa no infringió el deber de reserva de la Fiscalía.
La filtración de los correos
Pero el tribunal, para decidir investigar al fiscal general, se aferra entonces a que los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador fueron revelados a la prensa horas antes de que se publicara el comunicado oficial, cuando esos emails estaban ya en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial.
La clave del caso se sitúa ahora, por tanto, en quién filtró esos correos -un aspecto al que el juez instructor Goyena no dedicó ni un argumento en el escrito de nueve páginas enviado al Supremo-.
El ministerio público ya puso sobre la mesa que muchas personas pudieron acceder a esos correos: el abogado de González Amador envió su email a una cuenta genérica del ministerio público, al que tenían acceso 16 personas (12 fiscales y cuatro funcionarios), quienes a su vez pudieron facilitar esos correos a decenas de personas “dentro del ámbito” de su trabajo. A ellos se sumarían muchos miembros del entorno de Ayuso y su pareja.
La polémica nota de prensa
Hay que recordar que el procedimiento se remonta a la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado del empresario Alberto González Amador en la investigación que se sigue contra él por fraude fiscal.
Se reflejaban la sucesión de comunicaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso. La defensa del acusado por dos delitos fiscales y falsedad documental buscaba alcanzar un pacto de conformidad y, a cambio, reconocía la comisión de la defraudación y aceptaba una pena de prisión que no implicaba el ingreso en la cárcel.
Revelación de secretos
Ahora, el Tribunal Supremo tendrá que valorar ahora si la nota de prensa responde al derecho a una información veraz, como defiende el fiscal general, o si invadió el límite penal e incurrió en la violación de derechos de González Amador.
La pareja de la presidenta madrileña está acusada de defraudar a Hacienda en dos ejercicios simulando contratos para rebajar el pago. Viene asegurando que se le ha provocado una enorme indefensión.
Derecho a una información veraz
Frente a esta tesis, la defensa de García Ortiz se basará ante el Supremo en que “no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”,
Insistirá en que recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado por la Constitución, y los fiscales tienen, entre sus funciones, informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia.
De hecho, y pese a que el Supremo en el auto sostiene radicalmente lo contrario (que la actuación de la Fiscalía filtrando datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso no tiene cobertura en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), García Ortiz expuso este miércoles en un comunicado que su imputación no es un asunto “particular” del fiscal general del Estado, sino que “se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional”
“El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”, explicó en un comunicado.
No se podrá demostrar quién filtró
El Gobierno considera que la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo no tendrá recorrido porque, según indican, en el auto se asume que quien filtró los correos con información reservada es el propio fiscal, una circunstancia que en este momento no está probada y es difícil de demostrar.
Por tanto, varias fuentes del Consejo de Ministros consideran que el asunto no va a prosperar porque las posibilidades de conocer quién filtró a los medios esa información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es «muy limitada». Según señalan, lo previsible es que los periodistas que publicaron el contenido de los correos electrónicos sean llamados a declarar pero se nieguen a revelar sus fuentes, tal como permite la ley.
En el Ejecutivo dan por hecho que ningún periodista revela sus fuentes y creen que, a estas alturas, quien haya revelado los correos habrá borrado el rastro. Por tanto, ven escasas posibilidades de averiguar ahora quién es el filtrador.
No esperaban una imputación por los correos
En privado, fuentes del Gobierno admiten estar sorprendidos por el contenido del auto del Supremo, en concreto por los argumentos que ha dado para investigar al fiscal. De hecho admiten que esperaban que le imputaran por la nota de prensa publicada por la Fiscalía y cuya autoría asumió García Ortiz en primera persona, en la que se indicaba que el novio de Díaz Ayuso había admitido dos delitos fiscales y buscaba un acuerdo con la Fiscalía para evitar ingresar en prisión.
Por el contrario, señalan, el Supremo ha optado por abrir un procedimiento contra él por presunta revelación de secretos por la filtración de correos electrónicos con información reservada asumiendo que fue García Ortiz quien los trasladó a los medios.
A juicio de las fuentes consultadas ese paso no se puede dar en este momento del procedimiento judicial porque no existe ninguna prueba que demuestre que el responsable de la filtración es el fiscal general. Ocurre lo contrario con la nota de prensa, dado que García Ortiz asumió en primera persona su autoría.
Una treintena de personas
Por tanto consideran que lo más lógico hubiera sido enviar la causa al juzgado de instrucción correspondiente y ya después, en caso de que en el curso de la investigación se demostrase que el filtrador es el fiscal general del Estado, se podría pedir su imputación al Supremo por su condición de aforado.
Consideran que la clave del caso está en que el Supremo sitúa el hecho delictivo en la filtración de correos y solo se puede conocer quién está detrás en caso de que los periodistas revelen quién se los facilitó. En este sentido, calculan que alrededor de una treintena de personas tuvieron acceso a esos correos, y todas pudieron revelarlos.
Cierre de filas del Gobierno
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha abanderado la posición férrea del Gobierno en defensa de García Ortiz. El Ejecutivo se ha atrincherado frente a la decisión unánime del Supremo y trata de hacer valer la trayectoria y la labor del ya imputado.
“Lo tenemos claro”, declaró Bolaños, “entre los delincuentes confesos”, afirmó aludiendo a la pareja de la presidenta madrileña, “y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad”.
Según la versión del ministro de Justicia, el novio de Ayuso “reconoció expresamente haber cometido dos delitos fiscales y pidió llegar a un acuerdo con la Fiscalía”.
En ese momento», añadió en su relato, “desde la Comunidad de Madrid se emitió una información falsa e incierta y la respuesta de la Fiscalía fue la de hacer pública una nota desmintiendo el bulo y explicando la verdad del caso. Esta es la realidad”, concluyó Félix Bolaños para quien es evidente que el fiscal general “cumplió con su deber de perseguir el delito y contar la verdad”. ¿Puede ser delito en este país desmentir un bulo?”, se preguntó.
