El Gobierno da un paso más en su defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Después de mostrarle su “total respaldo” se ha lanzado a cuestionar abiertamente la resolución del Supremo para investigarle por supuesta revelación de secretos, al filtrar supuestamente unos correos sobre la situación procesal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, siento profunda preocupación porque ciertas resoluciones puedan socavar la imagen de la justicia de este país porque lo que hizo fue decir la verdad y está obligado por ley a decir la verdad”, ha apuntado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una entrevista esta mañana en ‘Telecinco’.
Al mismo tiempo, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, coincidía en resaltar que “me preocupa que se haya podido tomar esta resolución judicial” porque García Ortiz se habría limitado a “combatir un bulo”. En su caso en los micrófonos de ‘RNE’, el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez pasaba también al contraataque. Tanto Alegría como López apuntaron a que la reacción de García Ortiz se debió a que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso había filtrado previamente una información falsa a los medios de comunicación. “De que la Fiscalía trató de pactar” con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando resulta que “fue al revés, que el delincuente había tratado de pactar con la Fiscalía reconociendo un delito”.
López ha señalado al PP como responsable de una judicialización de la justicia y ha vuelto a aludir a una supuesta máquina del fango. El PP, dijo, “está subcontratando a la oposición a través de la justicia”. En este sentido, argumentó que la querella de los populares contra el PSOE por supuesta financiación ilegal en el caso Koldo “se basa en un titular de un pseudomedio que nadie ha contrastado”. Se trata del relato de un empresario anónimo publicado por el diario ‘The Objective’ que aseguró llevar «90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE”.
Una denuncia basada en informaciones de prensa como la que originó la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ante ello, el ministro de Transformación Digital ha alertado que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, habría creado “un precedente peligroso”.
Jefe de Gabinete de Ayuso
Este miércoles, fuentes del Gobierno ya cuestionaban en privado la decisión del Supremo. En el Ejecutivo consideran que la investigación “quedará en nada”, a pesar de que la decisión se adoptó por unanimidad en el Alto Tribunal. Según apuntaban, el auto no tendría consistencia. Una “cabriola procesal”, denunciaron para dar por hecho que se archivará en un plazo de entre seis u ocho meses.
Estas mismas fuentes vaticinan que al imputarle por la filtración de unos correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía será difícil probarlo. “Las posibilidades de instruir una revelación de secretos por una filtración son muy remotas”, apuntan estas mismas fuentes recordando que García Ortiz sí se responsabilizó de la nota de prensa emitida con estos datos, pero no de la filtración de los correos a los que múltiples personas tendrían acceso. La portavoz del Gobierno llamaba la atención sobre que “un mínimo de 18 personas” tienen acceso a esos correos. “Si se abre una investigación sobre esto, qué se debe hacer cuando Miguel Ángel Rodríguez [el jefe de Gabinete de Ayuso] traslada a la ciudadanía las decisiones que la justicia está adoptando”.
