Cuando en 2015, treinta y ocho familias de una urbanización a estrenar en Torrejón de Ardoz (Madrid) entraron a vivir en sus pisos, no podían imaginar que las condiciones del alquiler con opción a compra que firmaron se iban a volver en su contra.
Según denuncian estos vecinos, con los que el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha podido hablar, «cuando el contrato de alquiler expiró a los siete años y tuvimos que adquirir las casas, la constructora nos exigió pagar entre 50.000 y 120.000 euros más de lo pactado». Ellos se negaron y demandaron a la constructora por lo que consideran, es una presunta estafa.
«Una ley desactualizada»
Los vecinos de esta comunidad, construida en el Mirador de Torrejón, denuncian que la constructora quiere cobrarles un precio mayor por su piso basándose en una ley del año 2005 que ya ha quedado obsoleta, en lugar de aplicar la del año 2009, que sustituyó a la anterior. «Quieren aplicarnos unas condiciones que no están actualizadas», alegan los afectados, que llevan litigando con la promotora desde 2021, sin éxito.
En 2022, los 38 inquilinos debían decidir si ejercían su derecho a comprar las viviendas, pero «no lo hicimos, a la espera de que se resolviera el problema», explica José Cabrera, uno de los vecinos.
Han presentado una demanda colectiva, a la que ha accedido este medio, en el Juzgado de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardoz, donde piden anular los contratos que firmaron y poder firmar un nuevo contrato de arrendamiento según la ley vigente.
Más de un millón de deuda
La constructora, que ha rechazado hacer declaraciones a este medio, los ha demandado por no pagarles desde hace dos años, cuando expiró el contrato. «Nos reclaman 1.700.000 euros, que es lo que, dicen, hubieran ganado si hubiéramos comprado las viviendas», señala Cabrera. «Nos catalogan como okupas. Nada más lejos de la realidad. Quieren que los pisos se queden libres para venderlos con precios acogidos a una ley que ya no existe».
Murales con mensajes de protesta vecinal, en la fachada de sus viviendas. / SUCESOS
Se refieren al Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. «A mí me piden un total de 200.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados, que es una barbaridad», denuncia José Cabrera. Además, los vecinos también denuncian que la constructora les ha estado cobrando estos años el Impuesto de Bienes Inmuebles, «es decir, el IBI con el IVA», algo que solo puede ocurrir cuando eres propietario, según constatan en la demanda.
«No hay familias vulnerables»
Desde hace dos años, la constructora les considera okupas y por ello ha presentado contra los vecinos varias demandas. Consideran que «no existe ninguna situación de vulnerabilidad» en las familias. Aseguran que ya han ganado varios juicios contra los afectados, aunque estos últimos lo niegan.
La abogada de los 38 vecinos, Belén García Poggio, ha confirmado a este medio que «ya hay cuatro vecinos con desahucios programados antes de final de mes. Otra vecina tiene el lanzamiento el próximo febrero. Muchos no han llegado ni a juicio», afirma.
«Los he preparado para todos los escenarios. Te arriesgas a que se quedan en la calle«, reconoce la letrada.
De momento, los intentos de desahucio están siendo paralizados porque, según explica García Poggio, «acreditamos una vulneración del contrato e interponemos una serie de querellas por estafa que tienen que probarse en un juicio». La abogada matiza: «mis clientes jamás se han negado a pagar».
Intentos de desahucios
Claudia Rodríguez, una vecina a la que ya han intentado desahuciar hasta en tres ocasiones y que tiene una discapacidad del 65% explica su caso así: «Me dijeron que me daban media hora para recoger mis cosas».
«Este es mi hogar. No puedo irme sin una justificación». La mujer relata a este medio que, en el momento de intentar desahuciarla, necesitó asistencia médica. Tras la llegada de la comisión judicial a la vivienda y los momentos de tensión vividos con el abogado de la propiedad, el desahucio finalmente fue paralizado.
«Me dio una crisis epiléptica y aún tirada en el suelo me decían que el desalojo seguía adelante», cuenta Claudia. «Ya no es mi situación personal, es la de todos los vecinos que nos enfrentamos a esto», se defiende. «Tengo una niña de siete años y también estamos luchando por ellos».
En el caso de José Cabrera, según detalla, ya le han notificado hasta en seis ocasiones que se tiene que marchar de su vivienda. «El día 22 vienen a echarme», anuncia. Así se refleja en el Aviso de Lanzamiento consultado por este medio y ejecutado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz.
«Una preocupación constante»
Hace unos días, los vecinos se reunieron para paralizar otro desahucio. «Vivimos con una preocupación y ansiedad constantes» dice Claudia. Ya van tres intentos a tres familias diferentes. «Hemos pagado religiosamente nuestra renta de alquiler hasta el final y nos rescindieron el contrato sin esperar respuesta» se quejan los vecinos. «Nos sentimos coaccionados porque están actuando con mala fe, nos dicen que o pagamos, o nos echan«.
Reunión de vecinos afectados, en el interior de la urbanización. / SUCESOS
«Están jugando con 38 familias»
«Nunca pensamos que íbamos a llegar a este punto”, se lamentan los vecinos. «Hay gente que se ha tenido que marchar por no poder hacer frente al gasto económico que supone esta lucha legal», argumenta José.
Para los vecinos está claro: «La constructora sabía que podía ganar el doble de lo que pedían y por eso han querido estafarnos. Están jugando con los hogares de 38 familias».
Aún con todo, los vecinos se siguen mostrando optimistas. «Estamos a la espera de que un juzgado resuelva y poder llegar al fondo de este asunto», zanja su abogada.
