La Sala Segunda del Tribunal Supremo quiere morder hasta el hueso: llegar a determinar si fue el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en la noche del 13 de marzo de 2004, a las 23:51 horas, filtró a un medio de comunicación -repercutido después a otros medios- citas textuales de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigió el día 2 de febrero de 2024 a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Lo que supondría cometer un delito de revelación de secreto que consagra el artículo 417 del Código Penal.
El objeto de la investigación abierta por la Sala Segunda no es la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid del 14 de marzo, sino la cadena de correos que tuvo lugar la noche anterior, a través de la cual la Fiscalía de Madrid trasladó al fiscal general del Estado esa noche del 13 de marzo, a efectos de confeccionar la citada nota de prensa, cadena de la cual se filtró, esa noche el contenido del citado correo a un medio de comunicación.
El fiscal general del Estado convocó para este jueves 17, una junta de fiscales de sala y al consejo fiscal, ambos órganos asesores de la Fiscalía General del Estado. Fuentes judiciales señalan que la junta de fiscales de sala -los 34 fiscales de más alto rango de la carrera- no tiene, estrictamente, competencia sobre el asunto. Se ocupa, en efecto, de formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno, cualesquiera otras de naturaleza análoga que el Fiscal General del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio.
Pero ninguna de estas materias está relacionada con la situación abierta por la apertura de diligencias dictada este miércoles 16 de octubre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz, asimismo, ha citado al Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Fiscal, integrado por el fiscal general, la teniente fiscal, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales de diferentes asociaciones. La mayoría solicitará, según se ha comentado, la dimisión inmediata del fiscal general del Estado a raíz de su imputación, pero dicha exigencia no es vinculante.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé una situación -que es inédita en la historia judicial al menos de la transición- semejante a la producida. Y, por tanto, no existe previsión alguna sobre qué paso debería dar el FGE en caso de ser imputado.
Batalla mediático-judicial
La filtración que investiga a partir de este miércoles 16 el magistrado Ángel Hurtado, instructor designado por la Sala Segunda, resultó del fuego cruzado de informaciones que giró en relación con el fraude fiscal cometido por Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso– en un contrato de venta de mascarillas (dos delitos por valor total de 350.000 euros).
Un medio de comunicación informó sobre los hechos. A continuación, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, filtró a medios el contenido de un correo reservado de la defensa de González Amador con el argumento de que la Fiscalía de Madrid le había propuesto un pacto y que altas instancias habían obligado al fiscal –Julián Salto, de delitos económicos de Madrid- a retirar esa oferta.
La realidad fue que la defensa jurídica de González Amador la había ofrecido en febrero de 2024 ese pacto, con el reconocimiento de dos delitos y la disposición a pagar hasta 500.000 euros para evitar dos penas de prisión de cuatro meses cada una mediante la habitual transacción una vez que se presentara la denuncia de la Fiscalía ante los juzgados. El fiscal se había limitado a tomar nota de la propuesta.
En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de perseguir a González Amador por ser pareja de Díaz Ayuso y proclamar su inocencia, una campaña que contradecía la iniciativa de pactar con la Fiscalía.
Fue en ese contexto que en lugar de limitarse a desmentir la información manipulada “vendida” por la Comunidad de Madrid a varios medios, el fiscal general del Estado, según admitió públicamente, consideró que era necesario explicar la situación con mayor amplitud. Solicitó la tarde noche del 13 de marzo de 2024 a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Salto, los correos intercambiados con el abogado de González Amador a fin de elaborar, según se ha apuntado, una nota de prensa. Pero esa noche, el contenido textual de uno de los correos que se le enviaron a Álvaro García Ortiz apareció en un medio de comunicación.
Los abogados de González Amador presentaron una querella por revelación de secreto contra García Ortiz ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Mientras el tribunal examinaba los hechos, el fiscal general del Estado se puso de facto en manos del Tribunal Supremo al enviar un escrito al TSJM el 11 de junio en el que decía que la competencia no era del TSJM sino del propio Supremo. El 15 de julio de 2024, el TSJM, en efecto, consideró que era necesario conocer la versión sobre los indicios del FGE y pidió a la Sala Segunda su imputación, resuelta finalmente este miércoles 16 de octubre.
Largo me lo fiais
García Ortiz ha decidido seguir en su puesto. El Gobierno, en principio, ha resuelto no pedirle la dimisión. ¿Pero por cuánto tiempo? Las diligencias durarán meses, ya que serán llamados a declarar en calidad de testigos los fiscales de la división de delitos económicos de Madrid, aparte de la fiscal superior, Almudena Lastra, que se negó a emitir el comunicado y exigió una orden escrita de García Ortiz, que este le envió por watsapp. Lastra se convierte, así en testigo de cargo contra García Ortiz.
La diferencia de tiempo entre que García Ortiz recibió los correos enviados desde la Fiscalía de Madrid la noche del 13 de marzo y el medio de comunicación difundió el contenido entrecomillado de uno de ellos parece rondar la media hora. La Sala Segunda, pues, tiene la impresión, según fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya, de que el teléfono de Álvaro García puede aportar la solución del misterio. Lo que exige, claro, pedir al fiscal general del Estado su teléfono y revisar sus ordenadores.
En estas condiciones, mantenerse al frente de la Fiscalía General del Estado será un calvario que tarde o temprano puede explotarle en las manos al Gobierno. Según fuentes próximas al FGE, Álvaro García Ortiz no piensa dimitir «porque tiene la convicción de que no ha cometido delito alguno y de que, por tanto, no será condenado».
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