Inmuebles –viviendas, edificios, locales comerciales…–, joyas, vinos caros y demás bienes suntuarios. El presunto cabecilla de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, disfrutaba de una vida de lujos gracias a los fondos que blanqueaba, vía Portugal, con el entramado de sociedades con que operaba en el negocio de los hidrocarburos. Un entramado cuya pieza en Canarias era Canary Islands Fuel Company SL, una de tantas sociedades pantallas domiciliadas a lo largo y ancho de España con el supuesto objetivo de defraudar al fisco.
De Aldama es, junto con Javier Serrano, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, uno de los cuatro empresarios investigados en el caso Koldo. La trama que debe su nombre a Koldo García, que fuera asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos y también investigado.
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló los manejos que De Aldama, García y el resto de investigados hicieron durante la pandemia en Canarias. La presunta red delictiva se valió del expresidente del Ejecutivo autonómico y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para hacerse con contratos públicos para el suministro de mascarillas al Servicio Canario de la Salud (SCS) y la realización de pruebas de PCR.
La trama hizo dos negocios millonarios en las Islas: a través de la firma Soluciones de Gestión logró una serie de contratos para el suministro de mascarillas por un montante de 12,3 millones; y mediante Eurofins Megalab consiguió tres adjudicaciones más por un global de casi 5,4 millones. Fue para este último negocio para el que Koldo y Díaz Tapia contactaron con el expresidente Torres en varias ocasiones, quien incluso les facilitó el contacto de su entonces –agosto de 2020– consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y medió ante el ministro del ramo, Salvador Illa, para que se aprobase el protocolo de pruebas PCR que le propusieron los investigados, según relata la UCO en su informe.
Sin embargo, el negocio que más réditos le reportó a De Aldama, señalado por la Guardia Civil como el auténtico conseguidor de la red, no fue el sanitario, sino el de los hidrocarburos. De hecho es este último caso, bautizado ya como la trama del fuel, el que ha llevado a prisión al empresario y a su socio Claudio Rivas. Aunque en principio la Fiscalía Anticorrupción no va a solicitar que la causa abierta contra De Aldama y Rivas por la trama del fuel se una al caso Koldo, ambas comparten cabecilla o presunto cabecilla –De Aldama– y ambas extienden sus tentáculos hasta el Archipiélago.
Los autos de prisión dictados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra De Aldama y Rivas revelan un complejísimo entramado de empresas con el doble objetivo de defraudar a Hacienda y blanquear luego los fondos sustraídos al fisco. Dinero que una vez lavado hacía posible que De Aldama llevara un tren de vida prohibitivo para el común de los mortales.
La red se apoyaba en una empresa, Villafuel, que actuaba como operadora, es decir, como una firma dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo para su posterior distribución al por menor. Y detrás de ella, siempre según el auto de la Audiencia Nacional, había una serie de empresas que ejercían de suministradoras finales, entre ellas Canary Islands Fuel Company.
Lo cierto, sin embargo, es que estas suministradoras eran sociedades pantallas interpuestas constituidas con el objeto social de vender el combustible comercializado por Villafuel y con la misma entraban en concurso de acreedores o directamente desaparecían. ¿Para qué? Pues para ahorrarse las cuotas de IVA impagadas –el IVA es el gran impuesto al consumo en la Península, el gemelo del IGIC– que acumulaban durante su corta vida, lo que a su vez les daba margen para bajar precios. Una «operativa comercial» que permitió a la trama «perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública cuyo fraude ha sido cuantificado inicialmente en 182,5 millones de euros».
En el caso de la sociedad pantalla constituida en el Archipiélago, era el propio Víctor de Aldama quien suministraba clientes a Canary Islands Fuel Company a través de la empresa portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal LTD. De hecho, la declaración de la que fuera administradora de la sociedad pantalla domiciliada en Tenerife –en concreto en la localidad turística de Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora– es parte del argumentario con que el juez ha decidido enviar a prisión a De Aldama. «Se evidenciaría el control y participación de Víctor de Aldama y su participación en la operativa desarrollada por Villafuel SL por la declaración de una detenida y administradora de Canary Islands Fuel Company, manifestando que constituyó la empresa para operar en el mercado de los hidrocarburos con Villafuel», reza el auto.
Y si Portugal servía para suministrar clientes, Portugal también servía para el blanqueo del dinero defraudado, todo ello siempre según se expone en el relato judicial. No en vano, los fondos de «procedencia delictiva» que entraban en la firma lusa Atmosferaudaz –y en otras– dormían en sus cuentas por un tiempo indeterminado hasta volver a España a través de la empresa MTM 180 Capital SL, que es una de las alrededor de 30 sociedades a las que ha estado vinculado De Aldama. Una vez el dinero cerraba la última etapa de su recorrido en la caja de MTM 180 Capital, llegaba el momento de disfrutarlo.
«Este retorno de fondos se transformó en bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo, bienes que pasaron a ser disfrutados por este», es decir, De Aldama.
En el auto, el juez Pedraz no descarta la existencia de sociedades instrumentales aún no descubiertas. Hay que recordar que en la investigación ya se han identificado transferencias al exterior por importe de 73,9 millones de euros a Portugal, Colombia y China. «La organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por estas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada», se concluye en el auto.
Suscríbete para seguir leyendo
