El PP votará a favor de la última reforma de las pensiones del Gobierno si este no introduce cambios que le exijan sus socios de investidura y se valida en el Congreso tal como se conoce en estos momentos el texto pactado con patronal y sindicatos. Según fuentes de la dirección del partido conservador, Alberto Núñez Feijóo ve con buenos ojos dar sus votos para tramitar el proyecto de ley, que incluye novedades en materia de jubilación parcial y activa, entre otros, porque son medidas que surgen con el aval unánime del «diálogo social». Sin embargo, por ahora el Ejecutivo no tiene asegurados los habituales respaldos de sus socios (ERC, Junts, PNV…) por lo que el apoyo del PP puede ser clave.
El partido conservador aplica en esta cuestión un criterio distinto al que aplicó con la reforma laboral de 2021. Entonces, con Pablo Casado al frente de la formación, el texto del Ejecutivo fue acordado previamente con patronal y sindicatos (que pidieron que no se tocara ni una «coma»), pero el PP decidió votar en contra, dejando su aprobación al filo del fracaso. Finalmente, la norma salió adelante gracias a los populares, concretamente gracias a uno de sus diputados, Alberto Casero, que se equivocó y votó favorablemente. De no haberlo hecho, la norma hubiera sido invalidada.
El pasado 18 de septiembre el presidente, Pedro Sánchez, escenificó en los jardines de la Moncloa su, de momento, último paquete de reformas en materia de pensiones. El pacto ya se cerró con los agentes sociales el pasado 31 de julio, tras siete meses de negociaciones, y pretende introducir cambios en materias como la jubilación parcial o la activa. Parte de este acuerdo lo puede sacar adelante el Gobierno vía reglamentos y ordenes ministeriales, pero otra parte precisará de una mayoría parlamentaria y ahí es donde el PP tiende su mano a Sánchez.
La coalición, pese a que hace dos meses y medio que cerró el acuerdo con los agentes sociales y un mes que lo teatralizó en público, todavía no ha remitido el texto a las Cortes. La debilidad parlamentaria del PSOE esta legislatura le ha hecho ya retirar algunas iniciativas del Congreso antes de perder votaciones. Además, las últimas informaciones sobre la trama Koldo, que afectan al exministro José Luis Ábalos, han elevado todavía más la temperatura de los debates en el Congreso, como se va a comprobar este mismo miércoles en la sesión de control al Gobierno.
Sin mayoría asegurada
En la última reunión de la comisión del Pacto de Toledo, celebrada el 12 de septiembre, los socios de investidura de Sánchez marcaron distancias con el Ejecutivo. Molestos algunos de ellos con parte del contenido pactado entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y los agentes sociales y dejando en el aire su apoyo a la reforma.
Uno de los elementos que mayor rechazo generó entre los grupos que apoyaron a Sánchez en su investidura fue el relativo al rol de las mutuas en las revisiones médicas. Patronal y sindicatos dieron su aval a que estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social pudieran asumir las pruebas médicas y el tratamiento de trabajadores que tuvieran un accidente traumatológico en su tiempo libre. La intención del acuerdo era acelerar los tratamientos en aquellos casos en los que la sanidad pública estuviera saturada, para así agilizar la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo.
Y lo pactado es considerado demasiado por algunos, que no querrían mayor intervención de las mutuas en los procesos de recuperación, o demasiado pocos por otros, que querrían que los médicos de estas entidades pudieran dar directamente altas y bajas.
«Nuestra sanidad es la pública, y los médicos de la pública sí que tienen unos objetivos clarísimos. Normalmente el que paga, manda, este refrán no es ninguna tontería», afirmó el diputado de ERC Jordi Salvador en el Pacto de Toledo. A nuestro entender, las mutuas deberían poder dar las confirmaciones de bajas y las altas de estas bajas laborales y no solo el sistema público de salud», replicó, por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera. El BNG o el PNV, entre otros y por distintos motivos, también criticaron la reforma y dejaron en el aire su voto.
El propio PP, a través de su diputada María Mercedes Fernández, ya hurgó ese mismo día en las dificultades del Gobierno para armar una mayoría. «No les anticipamos mucho éxito parlamentario, porque sus socios no han manifestado exceso de entusiasmo en las medidas», afirmó la política conservadora.
Precisamente este punto no será uno de los que deberán superar el trámite parlamentario, ya que la intención del Gobierno es aprobarlo vía reglamento y ello no precisa de su paso por el Congreso. De hecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya está negociando con las comunidades autónomas para acordar convenios de colaboración y poder tejer el sistema para que la sanidad pública de cada autonomía derive pacientes a las mutuas. Y es que la intención del Ejecutivo es que esta parte de la reforma ya esté en vigor en 2025.
Pero el enojo de parte de los socios de la investidura con la globalidad de la reforma ha lastrado al Gobierno de cara a remitirla al Congreso. Ahora puede encontrar en el PP un inesperado aliado que le asegure la mayoría.
