El que era el número dos en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, fue el encargado de inaugurar la nueva comisión de la Operación Cataluña del Congreso de los Diputados. En un tono muy respetuoso, Martínez fue negando una a una las acusaciones de los diputados, hasta la existencia de la propia Operación Cataluña, pero rechazó declarar al estar imputado en varios procedimientos en la Audiencia Nacional.
Así a preguntas de la líder de Podemos Jone Belarra negó que se hubiera realizado cualquier espionaje a los miembros de la formación morada y recriminó a la diputada que ejerza la acusación particular en la Audiencia Nacional y pretenda preguntarle en una comisión parlamentaria.
A Jon Iñarritu, de Bildu, le recriminó que utilizara los audios y apuntes del principal imputado en la causa de las cloacas policiales, José Manuel Villarejo, y negó que hubiera reuniones contra el independentismo, aunque sí hubiera de las que podían poner en peligro el Estado de Derecho. Incluso negó la existencia de la Operación Cataluña, porque las únicas investigaciones que se realizaron, aseguró, fueron las relacionadas con la corrupción.
Al Josep Pagès, de Junts, que centró su intervención de la Banca Privada d’Andorra, le aseguró que el Ministerio del Interior no tenía competencias para cerrar una entidad bancaria, que llevaron a cabo las autoridades del principado. Recordó que hay una querella en Andorra en la que está imputado por estos hechos junto con el propio Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Y así fueron discurriendo todas las comparecencias, con un Francisco Martínez muy medido, que en un tono muy respetuoso negaba la mayor y recordaba las garantías procesales que le asisten, como su derecho de defensa y el de «los siete comisarios de su mandato» que le recordaron que también lo estaban. «Hay un ámbito muy claro que es el de las responsabilidades políticas, que las asumo, y otro el de las responsabilidades penales, en el que hay que dejar trabajar a los jueces», aseveró el compareciente.
