El proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que permitirá la excarcelación de varios presos etarras antes de lo previsto, termina este lunes su tramitación parlamentaria, previsiblemente con el voto en contra de la mayoría del Senado, a pesar de lo cual será publicada en el BOE.
La polémica reforma ha provocado un duro enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de incluir «de tapadillo» la enmienda de Sumar que suprime un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
Desde el Ejecutivo, por su parte, defienden que el PP conocía lo que votaba y que el texto -que es la transposición de una directiva europea- es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
Entre tanto, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, que había pedido dimisiones por la aprobación en el Congreso de la reforma «sin leerla», se encaró el sábado con Pedro Sánchez para reprocharle la previsible aprobación de la ley.
Fue en el marco de la recepción de la Fiesta Nacional en el Palacio Real y mientras el presidente del Gobierno mantenía una conversación informal con periodistas. «Es lamentable«, le espetó Araluce a Sánchez.
El proyecto de ley fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas, con lo que la votación de hoy es testimonial y, aunque no cuente con los apoyos de la mayoría de la Cámara Alta, será aprobado.
Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, será quien intervendrá en el debate plenario para mostrar la oposición de su formación a la reforma.
Vox registró el viernes en el Senado un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa parlamentaria para que, de forma extraordinaria, conceda una habilitación de plazo por circunstancias excepcionales para poder enmendar la reforma de la ley de antecedentes antes del pleno. Propone hacer uso del artículo 135.6 del Reglamento, el cual faculta a la Mesa para acordar modificaciones en los plazos en determinadas circunstancias.
Si no hay novedades, la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que traspone una directiva europea, será aprobada y posteriormente publicada en el BOE.
A partir de ese momento, será cada preso afectado por la norma quien tendría que solicitar a la Audiencia Nacional que vuelva a calcular su salida de prisión, una decisión que puede ser recurrida por la Fiscalía y las víctimas personadas en cada causa.
