La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, argumentó este lunes en el Parlamento que implantar una tasa turística a las pernoctaciones «podría afectar al turismo de interior que reciben las ‘islas verdes’», toda vez que «es a ellas donde vamos los canarios a hacer puente» y, sin embargo, los residentes isleños no estarían exentos de pagarlo.
De León volvió a oponerse a implantar este tipo de figura impositiva y aseguró que está respaldada por el 83% de los canarios mayores de 18 años, según los datos de un estudio del Instituto Canario de Estadística (Istac) que maneja la propia Consejería. Sobre la base de la citada encuesta, el 43% de los residentes considera que hay que aplicar una tasa turística a los que visitan las islas en función de los días de alojamiento, mientras que un 24% opina que no; no están muy seguros el 28,5% y un 4,3% no se pronuncia sobre este tema. Sin embargo, un 83% de los residentes en Canarias está en contra de que la población residente deba pagar la tasa turística durante sus vacaciones en alojamientos de las islas.
«Hay que ser honestos con ese 83% de canarios que no quieren pagar ese impuesto, sobre todo porque ese impuesto a la pernoctación ya existe y se llama IGIC», afirmó la consejera.
Una tesis con la que ha discrepado la diputada de NC-Bc Natalia Santana, para quien con cobrar «solo dos euros» por noche se podrían recaudar 200 millones de euros y aumentar la capacidad de gasto en 2025 hasta los 500 millones sin afectar a la regla de gasto: «esa tasa permitiría invertir en ese cambio de modelo que necesita esta tierra, es un grito de la sociedad que el Gobierno no escuchó el 20-A y por eso volverá a salir a la calle el 20-O».
La consejera asegura que los retos del sector turístico «son de carácter social»
La consejera ha proclamado que «el gran reto» que el sector turístico tiene por delante «es fundamentalmente social», pues atraviesa «una gran crisis reputacional» y las nuevas generaciones tienen otro tipo de exigencias para trabajar en el mismo, tales como la dificultad en el acceso a la vivienda, la distancia del puesto de trabajo o problemas de movilidad.
En esa misma comisión parlamentaria, De León anunció que se ha dirigido por carta a los ministerios del Interior y de Turismo con el fin de exigir la retirada del real decreto que referido al registro de viajeros, pues «no se adapta a ninguna de las necesidades del sector» de establecimientos turísticos, al que «resta competitividad».
La consejera ha insistido en que el 93% del sector son pymes y micropymes, que «no tienen capacidad ni recursos para soportar esta estructura de datos2. De León ha subrayado que el Ejecutivo canario está dispuesto a «abrir vías de diálogo», actuando «en el marco de la lealtad institucional2 pero con plena consciencia del «clamor unánime» del sector en aras de la retirada de este real decreto.
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