Ferraz niega cualquier indicio o sospecha previa sobre la participación del exministro socialista José Luis Ábalos en la trama del ‘caso Koldo’. En privado, fuentes del partido explican que se realizan de forma regular auditorías y que nada “pitó” respecto a gastos excesivos o actividades del que fue número tres del PSOE, como secretario de Organización. Desde Moncloa también se centraron este lunes en desvincular la salida de Ábalos del Gobierno del ‘caso Koldo’.
Sobre la querella del PP en la Audiencia Nacional contra el PSOE por supuesta financiación irregular, basándose en informaciones en prensa de un empresario anónimo que aseguró llevar «90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE», en Ferraz ponen en entredicho su veracidad. “Ni un solo detalle, ni una fuente ni un dato ni a quien entrega el dinero. Exigimos un mínimo de rigor, también en lo que se publica”, explicaba este lunes la portavoz, Esther Peña. Ante ello, vaticinaba que la querella no será admitida a trámite porque se basa “en recortes de prensa” que según la jurisprudencia “impide iniciar investigaciones de esta manera”.
Por todos estos motivos, los socialistas desdeñan los números para una posible moción de censura, que Vox ya ha anunciado que apoyaría aún con la participación de Junts. Sin precisar si han mantenido contacto con sus socios para calibrar este extremo, Peña ha enmarcado a Vox como el “único aliado” del PP para esta hipotética moción de censura. Un mecanismo cuya “burda intención” sería “enfangar” y tratar con ello de tapar “su debilidad”.
Después de tirar del “y tú más” para señalar los casos de corrupción que acechan al PP y deslegitimar su querella, el PSOE ha pasado al contraataque. La portavoz de los socialistas amenazó con presentar una denuncia en los juzgados contra los “contratos a familiares” de Alberto Núñez Feijóo durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia. Para ello se basó en diferentes informaciones publicadas en prensa sobre “contratos troceados” para supuestamente “otorgarlos a empresas amigas” sin concurso público.
Dentro de la estrategia de contraataque y deslegitimación del PP se ha recurrido también a la vieja foto de Feijóo navegando en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado. “Nos piden cuentas desde la sede un partido pagado con dinero negro”, repetía Peña mientras en Ferraz insisten en que están “tranquilos” ante la posibilidad de que salpique a más dirigentes o miembros del Gobierno la trama que investiga la Audiencia Nacional.
En Moncloa limitan cualquier implicación en la trama corrupta al exministro José Luis Ábalos y buscan marcar diferencias a cómo se actuó en épocas pasadas ante casos de corrupción. “Cuando el Gobierno tuvo constancia y conocimiento actuó con contundencia y determinación. Primero pidiéndole el acta [a José Luis Ábalos], que rechazó y por eso fue expulsado del grupo socialista, y segundo abriéndole un expediente de expulsión” del partido, explicaba esta mañana la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Lo que no explican desde el Gobierno son las diferentes versiones aportadas sobre la visita en enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela. Sánchez negó en su momento que tuviese conocimiento previo del viaje, pero según las capturas de pantalla de los mensajes que se aportan en el informe de la Guardia Civil, su autorización se produjo cuatro días antes al responder con un “bien” a las indicaciones de Ábalos sobre sus las gestiones para el encuentro privado.
Preguntada por ello, la portavoz del Gobierno ha respondido que «lo relevante» es que «cuando somos conocedores de la sanción» sobre la dirigente venezolana de no pisar suelo de la UE «actuamos en consecuencia y se impide esa visita». «Hasta aquí la actuación del Gobierno de España», zanjó. En la misma línea de las explicaciones del jefe del Ejecutivo, quien justificó el pasado viernes que “cuando el Gobierno se percató de que había sanciones individuales a la vicepresidenta, efectivamente se canceló esa visita”.
