La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha quitado este lunes importancia a la querella que Vox tiene previsto presentar contra ella a raíz de los mensajes que, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido la semana pasada, intercambió con Koldo García Izaguirre sobre un posible contrato para la adquisisión de pruebas PCR cuando presidía el Gobierno balear.
«No es la primera vez», ha dicho Armengol en el Congreso al ser preguntada por esta decisión de los de Santiago Abascal, en referencia a la querella que le presentaron en 2013 por presunta prevaricación al no ver delito en que permitiera el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja sin estar todavía aprobada la reforma del Reglamento que después dio cobertura a su utilización. Esa querella fue desestimada por el Tribunal Supremo.
La semana pasada Armengol ya señaló que, con el citado informe de la UCO, «se va corroborando» su versión de los hechos y lo que dijo en el Congreso de que no negoció contratos con la trama. También mostró su deseo de que la Justicia llegue «hasta el final» en este asunto.
Según el último informe de la UCO Koldo García contactó directamente con Armengol en agosto de 2020 para conseguir que contratara a una empresa para adquirir pruebas PCR. Armengol le dio el contacto con la consellera de Salud, que a su vez desvió el tema a los técnicos.
Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investigaba la contratación de mascarillas, la expresidenta balear admitió que conocía a Koldo García y aunque no recordaba todas sus comunicaciones de aquel momento, sí que negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.
No llegó a nada
La UCO relata que, el día 17 de agosto de 2020 a las 07:19 horas, Koldo se puso en contacto con Armengol a través de WhatsApp. «Buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame, por favor. Gracias. O dime cuándo te puedo llamar», le escribió en varios mensajes, que aparecen recogidos en el informe de la Guardia Civil.
Armengol le contestó en otro mensaje que tenía «un día complicado» pero que «a lo mejor al mediodía» podía llamarle. La UCO explica que, «mientras tanto», Koldo informaba al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, de que Canarias quería la prueba PCR de Megalab y de que estaba pendiente de una llamada telefónica de Baleares.
Esa misma tarde, según la UCO, Armengol compartió con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picard, entonces Consejera de Salud de Baleares. Acto seguido, Koldo respondió a Armengol: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo«.
Fuentes del entorno de la presidenta del Congreso insisten en que la dirigente nunca participó en la contratación y que todas las propuestas que recibía como presidenta del Govern balear eran trasladadas al servicio de Salut para su valoración técnica y, de hecho, la propuesta de las PCR que hace referencia el informe de la Guardia Civil «no llegó a ningún sitio».
65 euros por cada PCR
Según detallan, no se llegó a contratar la compra de PCR con Megalab porque cada prueba costaba 65 euros, una cifra inasumible desde el punto de vista económico y porque, además, se tardaba cuatro horas en obtener el resultado de las mismas. Las querían para hacérselas a las personas que llegaran a los aeropuertos de Baleares y era inviable también asumir esa tardanza.
Sí admiten que después, como señala la UCO, sí se contrató con esa multinacional y remarcan que también lo hicieron otras administraciones como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, en ambos casos, gobernadas por el PP.
