España lleva casi dos décadas luchando por ampliar sus fronteras marinas. Pero se trata de un proceso complejo. Para conseguirlo, los países deben presentar estudios científico-técnicos con información geológica, geofísica e hidrográfica del suelo y subsuelo que amparen la propuesta. Y luego deben defenderla ante la ONU, que es el organismo encargado de tomar la decisión. Se estima que en total, desde que se inicia la solicitud hasta que se emite la resolución, pueden pasar unos diez años. Pero en el caso español, pronto podría haber «novedades».
Ahora mismo hay cerca de 100 peticiones de distintos países para ampliar sus fronteras marinas. España tiene dos en marcha, pero en el pasado ya consiguió que le aprobaran una. Fue en el año 2006, cuando se consiguió ampliar 78.916 kilómetros cuadrados en el mar Céltico-mar Cantábrico. Ahora quedan por resolver una solicitud en Galicia (que añadiría otros 41.500 kilómetros cuadrados) y otra en Canarias (de 296.500 kilómetros cuadrados). La primera está en proceso de examen, y la segunda está pendiente de examen.
Si nuestro país consigue que las dos solicitudes que hay en marcha se aprueben, España ampliaría en total casi 417.000 kilómetros cuadrados de su superficie oceánica. Una extensión equivalente, por comparar, al 85% del territorio español terrestre. Las negociaciones corren a cargo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), ambos del CSIC, junto al Instituto Hidrográfico de la Marina. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores se encarga de la gestión diplomática y jurídica internacional ante la ONU.
Pero el coordinador de todo es Luis Somoza, profesor de investigación del IGME, que explica que actualmente el límite de las aguas bajo jurisdicción española son las 200 millas náuticas. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite ampliarlas hasta las 350 millas náuticas si presentan «una serie de requisitos científicos. «Esto permitirá ampliar no solo la soberanía de España sobre sus recursos naturales marinos, sino también aumentar el perímetro de espacios marítimos de cara a su preservación», relata.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor desde 1994 y ratificada por España, está considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia. Desde el IGME aseguran que hay quien la califica incluso como «la Constitución de los océanos». Su ordenamiento jurídico establece, entre otras cosas, la extensión, los derechos de soberanía y la jurisdicción de los Estados sobre los espacios marítimos, regulando a su vez cualquier tipo de actividad que se desarrolla en los océanos. Así que todos los cambios que se hagan en las fronteras marinas deben ir en línea con lo que la convención recoge
Las tres propuestas: Cantábrico, Galicia y Canarias
La propuesta que se aprobó en el Mar Cantábrico se registró ante la ONU en 2006 de manera conjunta entre España, Francia, Reino Unido e Irlanda, y tuvo luz verde en 2009. En teoría, los países implicados son los que deben ponerse de acuerdo para dividirse esa zona, utilizando criterios científico-técnicos. Pero según Somoza, aún siguen en conversaciones. Por parte de España, es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien negocia el acuerdo.
La segunda propuesta, que afecta a las aguas del oeste de Galicia, se registró en 2009. Y es en esta solicitud donde todos los ojos están puestos ahora. «Ahora estamos con la defensa de la propuesta en Galicia. En noviembre tenemos una reunión en Nueva York con la ONU, y esperamos novedades. España ha presentado gran numero de datos científicos», desliza Somoza. «Para 2025 esperamos tener una respuesta definitiva sobre esa solicitud. Hay que tener en cuenta que comenzamos la defensa justamente antes del COVID, por lo que se ha retrasado la respuesta», remata.
La tercera propuesta de ampliación que ha presentado España afecta al oeste de las Islas Canarias. La documentación fue registrada en 2014, y la presentación formal ante la ONU se realizó en Nueva York en 2015. Esta solitud es especialmente interesante por dos motivos. Primero, porque el área en disputa incluye varios montes submarinos ricos en metales de gran valor como el cobalto, el telurio o las tierras raras. Y segundo porque, de las tres, es la que puede suponer una mayor extensión de la soberanía marítima de España: 296.500 km2.
Somoza asegura que son «optimistas» con el futuro, porque «hay mucho trabajo detrás de las solicitudes» para extender las fronteras marinas. Ahora todo depende de la ONU, porque si su respuesta es negativa no hay posibilidad de recurrir ante ningún otro organismo, y el proceso se daría por concluido. En cualquier caso, el propio investigador apunta que las aguas que España reclama para sí están a día de hoy bajo la jurisdicción internacional, y no bajo el dominio de ningún país en concreto.
Campañas oceanográficas
Desde el IGME detallan que, en total, desde 2005 se han realizado ocho campañas oceanográficas para recabar información para las tres propuestas, a través de las cuales se han obtenido datos batimétricos, perfiles sísmicos y muestras del fondo marino en el área de Galicia, Mar Céltico e Islas Canarias. También se han incorporado datos de campañas procedentes del Plan de Investigación Científica de la Zona Económica Exclusiva de España realizados en Galicia e Islas Canarias por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).
Para las investigaciones se han utilizado varios de los buques oceanográficos españoles. Por ejemplo, en 2005 la primera campaña de Galicia se realizó a bordo del Hespérides, y fue denominada ‘Breogham’ en honor al primer dios céltico gallego. Y más recientemente, en 2023, se realizó otra con el Sarmiento de Gamboa. Los datos de esta última campaña fueron obtenidos con los sistemas tecnológicos mas innovadores de exploración marina apoyados por la Unidad de Tecnología Marina del CSIC (UTM-CSIC). Y se utilizarán el próximo mes de enero en la ONU para apoyar la presentación española en Galicia.
