Los grandes cárteles de la droga latinoamericanos buscan rutas alternativas menos vigiladas desde donde poder enviar camuflada en contenedores la mercancía hacia Europa, principalmente a los puertos de Róterdam y Amberes, las principales puertas de acceso de la cocaína que se consume en el viejo continente. Una de las regiones afectadas por la presencia del narcotráfico transnacional es Centroamérica, en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua o Panamá. Recientemente a la lista se ha incorporado Costa Rica, el paraíso tropical punto de llegada de gran cantidad de turistas y considerado hasta hace poco un remanso de paz. Hasta el año pasado se mantenía en el puesto número 12 del ranking de los países más felices del mundo.
De poco más de 51.000 kilómetros cuadrados, bañado por el Pacífico, al oeste, y el mar Caribe, en el este, el pequeño país centroamericano prevé alcanzar este año un récord histórico en número de visitantes extranjeros, cerca de tres millones. La población de Costa Rica es de 5,2 millones. El turismo representa el 8% del PIB y da empleo al 10% de la población activa.
Pero hay otra cifra, esta vez alarmante, que hace temblar los cimientos de la industria turística y que ha hecho que la inseguridad se haya convertido en la principal preocupación de la población. El país batió el año pasado otro récord histórico. El número de muertos por violencia. Un total de 907 fallecidos, un 38,6% más que el año anterior, la gran mayoría asesinatos relacionados con el crimen organizado. «No estábamos preparados para enfrentar un narcotráfico tan violento que mata a tanta gente», ha dicho recientemente el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora. «Hay una gran diferencia entre los recursos disponibles para la policía y los enormes recursos de los narcotraficantes», ha añadido.
Sin Ejército
La nación centroamericana es de las pocas del mundo que carece de Ejército y el número de efectivos policiales es de apenas 15.000, una cifra muy pequeña para hacer frente a los poderosos grupos del crimen organizado. «En los últimos cinco y diez años, los cárteles de la droga han reconfigurado su estrategia. Han buscado países muy vulnerables, sin experiencia y sin capacidad para responder a este tipo de delito a gran escala. Costa Rica es uno de ellos», dice Elisabeth Dickinson, analista sénior para América Latina del ‘think tank’ Internacional Crisis Group.
A lo largo de estos últimos años se han formado bandas locales que se disputan el favor de los cárteles mexicanos y colombianos. Se ha generado una suerte de guerra de pandillas que luchan por hacerse con la mercancía y encargarse de su exportación. Los cargamentos llegan a Costa Rica principalmente por mar, uno de los transportes utilizados son los narcosubmarinos, o a través de avionetas. Una vez en tierra firme, los narcos, principalmente gente joven, se encargan de almacenar la cocaína –«el tiburón blanco» como la llaman en las zonas costeras– en áreas selváticas de difícil acceso, algunas de ellas parques nacionales turísticos. Una cuarta parte del territorio del país está cubierto por selva.
Para mover la mercancía, los traficantes abren rutas y pistas de aterrizaje clandestinas en los frondosos bosques, provocando deforestación y un gran daño a la biodiversidad. El destino final de los cargamentos son los principales puertos del país, como los de la provincia de Limón, los más importantes, situados en la costa caribeña. Esta región es una de las más deprimidas. Genera muy poco empleo y se encuentra entre las que ha crecido más la violencia.
Dinero fácil para los jóvenes
El narcotráfico ofrece a muchos jóvenes dinero fácil y una salida a la pobreza, que golpea a cerca del 40% de la población menor de edad del país. La pandemia afectó al mercado laboral. Los asesinatos son la principal causa de muerte de los costarricenses entre 15 y 29 años. Y aquí un dato aproximativo del gran negocio: un kilo de polvo blanco antes de ser embarcado hacia Europa cuesta alrededor de 4.000 dólares (3.650 euros). El valor puede subir hasta los 35.000 dólares (31.887 euros) una vez llega a destino.
Hasta ahora la vigilancia en los puertos era escasa, pero desde un tiempo a este parte, el Gobierno, con ayuda de Estados Unidos y algún país europeo, los ha dotado de la tecnología necesaria para detectar la presencia de cocaína camuflada en el interior de los contenedores. El año pasado se decomisaron más de 21 toneladas de cocaína, aunque se supone que circula mucha más por el país.
El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha reforzado la presencia policial en todos los centros portuarios y ha autorizado a buques guardacostas estadounidenses patrullar en aguas territoriales del país. La oposición ha pedido a Chaves que decrete el estado de emergencia, para poder combatir con mayor eficacia a los grupos criminales. Una medida que afectaría al turismo.
De momento, el mandatario ha aumentado el salario a los policías y ha reforzado el cuerpo con 1.500 agentes. Además, ha puesto en marcha reformas legales para endurecer las penas a los narcos y para poder extraditar a los cabecillas a Estados Unidos, destino también de la cocaína que sale del país centroamericano.
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