- Unipromel solicita la anulación del concierto
- Discriminación sanitaria
- Situación de desventaja
- La propuesta es «inaceptable»
- El futuro de Muface en el aire
Continúa la crisis por la renovación del convenio de Muface. El Gobierno ha puesto encima de la mesa un incremento de las primas del 17%, pero la propuesta no convence a las aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV). Tampoco a los médicos de la sanidad privada, una parte importante en este conflicto, ya que son los encargados de prestar asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios beneficiarios de Muface.
Desde la asociación Unipromel –que cuenta con casi 2.000 médicos asociados y otros 3.000 que forman parte de diversas agrupaciones con las que han llegado a acuerdos– siempre han defendido un Muface directo. Es decir, un modelo en el que el Estado pagase directamente la atención médica y sanitaria de los mutualistas sin intermediarios.
Unipromel solicita la anulación del concierto
Esta semana los médicos de Unipromel han decidido dar un paso hacia delante y han presentado un recurso de nulidad en el que solicitan la anulación del concierto entre Muface y las aseguradoras.
El documento, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, remarca que las retribuciones impuestas y aplicadas por las aseguradoras a los médicos que han prestado servicios a los mutualistas «son ilegales y anticompetitivas».
Cabe recordar que los médicos llevan años denunciando que reciben entre 6,5 y 20 euros brutos por consulta ambulatoria en la sanidad privada. Cantidades que se sitúan muy lejos de los entre los 60 y 100 euros que reciben los facultativos en países como Alemania o Francia, de acuerdo con los baremos que maneja Unipromel.
Discriminación sanitaria
Los médicos argumentan en el recurso que el actual convenio vulnera el derecho a la igualdad contemplado en el artículo 14 de la Constitución, ya que –según sostienen– los mutualistas de Muface, funcionarios civiles obligatoriamente afiliados a este régimen especial de Seguridad Social, no disfrutan de las mismas condiciones de acceso al sistema público de salud que el resto de los ciudadanos.
Aunque contribuyen fiscalmente, si acuden de urgencia a un hospital público fuera de las entidades concertadas, deben abonar los servicios sin posibilidad de reintegro, lo que vulnera su derecho a la libre elección de atención sanitaria y crea «una discriminación injustificada» en la prestación de servicios públicos sanitarios, según defiende Unipromel en el documento.
Situación de desventaja
Por otro lado, alegan que el acuerdo incumple también la Ley de Defensa de la Competencia la cual prohíbe que empresas con una posición dominante abusen de su poder. Según su versión, las aseguradoras establecen tarifas que no cubren los costes adecuados. Si los médicos no aceptan estas condiciones, corren el riesgo de ser excluidos del cuadro médico.
Como los facultativos dependen económicamente de las aseguradoras y no tienen margen de negociación, se encuentran en «una situación de desventaja», según refleja el escrito.
Unipromel va más allá y acusa a las aseguradoras de negarse a abonar las consultas, cometer supuestos errores en los pagos, anular cheques consulta alegando defectos de forma, que no se identifican y que acaban no pagándose, restar cantidades importantes de los honorarios, retrasos en los pagos, situaciones de impagos, etc.
La propuesta es «inaceptable»
El doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel, califica de «inaceptable» la subida del 17% que planteó el Gobierno el pasado martes: «Significa pagar unos 300 millones de euros más, cuando las pérdidas que han declarado las compañías han sido de más de 200 millones».
Prosigue: «Con esa subida de la prima solo podrán equilibrar su déficit, pero no podrán hacer frente a las subidas de baremos de coberturas que reivindicamos los médicos desde hace muchos años, que estimamos en no menos de un 30% anual durante 3 años, para recuperar los costes de financiación de los procesos asistenciales a esos pacientes».
El futuro de Muface, en el aire
Aún está en el aire el futuro de Muface. Las aseguradoras consideran insuficiente la propuesta del Gobierno, que se aleja mucho de lo que ellas pedían: un incremento del 40% en las primas. Aún no conocen los detalles de la propuesta, por lo que cuando les llegue a la mesa lo estudiarán en profundidad, según explica El Economista.
No es descartable que las negociaciones se prolonguen e, incluso, que pueda variar la propuesta gubernamental.
