El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha anunciado que presentará una moción para que el Ayuntamiento de València empiece a aplicar de manera urgente las herramientas de la Ley de Vivienda, que contempla, entre otras medidas, la limitación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas. Sanjuan se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa junto a Elisa Valía después de certificar que la aplicación de la ley reduciría los precios del alquiler entre 248 y 1.214 euros, una media de 572 euros.
“La señora Catalá tiene que elegir la única de las opciones que tiene encima de la mesa, que es la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda, porque la está descartando exclusivamente por su sectarismo ideológico en contra de los intereses de los vecinos y vecinas de València. Catalá no puede hacer que en un barrio como Patraix, cada inquilino esté pagando 780 euros de más todos los meses solo porque no le gusta que la ley la haya hecho Pedro Sánchez. No puede ser que la oposición de Catalá le cueste, por ejemplo, 404 euros al mes a una personas que vive en el barrio de Benicalap”, ha manifestado.
Por barrios
La trasposición de la Ley de Vivienda a la ciudad de València que Catalá se niega a ejecutar, ha explicado el responsable socialista, permitiría que los alquileres se redujeran, por ejemplo, 420 euros en Saïdia, 780 euros en Patraix, 476 euros en Jesús, 520 euros en la Olivereta, 620 euros en Quatre Carreres o 881 euros en Poblats Marítims. “No puede ser que se estén pagando 500, 600, 700 o 800 euros más de lo que establecen los límites del precio del alquiler de la Ley de Vivienda porque la señora Catalá esté obcecada en que no tiene que aplicar una Ley de Vivienda que se ha demostrado que funciona, como se está demostrando en Barcelona”, ha apuntado.
“No puede ser que se estén pagando 500, 600, 700 o 800 euros más de lo que establecen los límites del precio del alquiler de la Ley de Vivienda»
Expulsión de los barrios
Para el portavoz socialista, la resistencia de Catalá a aplicar la Ley de Vivienda está expulsando a miles de valencianos y valencianas de sus barrios “porque no se pueden permitir pagar unos alquileres desbordados”. “Miles de familias que viven de alquiler en València, especialmente de parejas jóvenes, saben que el día que se les acabe el contrato de alquiler les echarán de su ciudad. Pero si se aplicara la Ley de Vivienda, esas personas tendrían garantizado que el día que se les acaba el contrato de alquiler se puedan quedar a vivir a Valencia”, ha dicho.
Esa es una diferencia suficientemente importante, ha subrayado, “como para que todos los partidos políticos dejemos al lado estas diferencias absurdas y este juego de trincheras y aprobemos juntos, como aprobamos en su día la moratoria de apartamentos turísticos, aunque que fuera tarde, la declaración de zona tensionada. Si no, volverá a pasar exactamente lo que pasó con la moratoria, que la pedimos mes tras mes tras mes tras mes sin que Catalá aceptará y llegó un momento en que la ola se hizo tan grande que acabó pasándole por encima la señora Catalá y tuvo que rectificar y aprobar la moratoria”, ha continuado.
El Ayuntamiento, un especulador más
Por su parte, Elisa Valía ha criticado que la única política en materia de vivienda que ha desarrollado el gobierno de Catalá a lo largo de su primer año y medio ha sido “convertirse en un especulador más”.
“Las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda han sido regalar suelo a los promotores»
“Las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda han sido regalar suelo a los promotores, subir el módulo de venta y alquiler de la vivienda protegida, la que debe garantizar el acceso de las personas que más difícil lo tienen la vivienda protegida, disparar el alquiler a los inquilinos de AUMSA y no adjudicar ni una sola vivienda disponible de AUMSA en un año y medio a pesar de disponer de varias decenas de viviendas vacías. Es decir, el Ayuntamiento de Catalá está actuando como un especulador más”, ha añadido,
Tanteo y retracto
Esta situación se suma, ha relatado Valía, a la decisión del gobierno de Catalá de no utilizar la figura del tanteo y retracto, un sistema que permitió, por ejemplo, adquirir el edificio donde se realojaron a los afectados del incendio de Campanar, en inmuebles de menos de 10 viviendas. “Es decir, Catalá está renunciando a incorporar viviendas por un sistema que se ha demostrado especialmente útil simplemente por la incapacidad de su gobierno a la hora de gestionar los recursos públicos. Esta ciudad no puede permitirse perder ni una sola vivienda pública que ayude a combatir la enorme crisis de vivienda que atraviesa actualmente”, ha finalizado.
