Sentado en su escaño en el Grupo Mixto del Congreso, José Luis Ábalos fue recibiendo las noticias que salía del informe que la UCO ha entregado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.
Semblante serio, pero sin perder comba en las votaciones que se sucedían en la recta final del Pleno. Incluso votando lo mismo que los diputados socialistas, el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes reinaba los titulares porque la Guardia Civil le otorga un papel «relevante y de responsabilidad» por su relación directa con la trama Koldo.
«Lo tiene fatal», admitían compañeros suyos durante su etapa en el Ejecutivo y el PSOE tras hacerse público el documento de la UCO. Lo hecho, dicen, más allá de si acaba en condena «estéticamente no tiene un pase». Y hay quién cada vez ve más claro que su actuación tendrá un reproche penal.
Ferraz ha mantenido un pulso subterráneo con Ábalos desde que el pasado 27 de marzo le abrió expediente de expulsión y le pidió la entrega de su acta como diputado. Entonces, en la dirección ya barruntaban una hipotética imputación futura y se tomó una decisión salomónica contra el exministro y exsecretario de Organización para preservar uno de los hitos fundacionales del PSOE de Pedro Sánchez: la lucha contra la corrupción. No en vano, Sánchez llegó a Moncloa a lomos de una moción de censura auspiciada por los casos de corrupción que afectaban al PP de Mariano Rajoy.
Precisamente, alguno lamentaba aún más todo lo que está saliendo por aquel discurso en mayo de 2018 de Ábalos sobre la corrupción y que lo encumbró políticamente. Y en el que reprochó a Mariano Rajoy que no tuvo «al menos la decencia de dimitir». «Para poder empezar a trabajar se requieren instituciones fuertes y creíbles. Unos gobernantes decentes y eso señores del PP, es imposible con ustedes en el Gobierno», dijo entonces desde la tribunal del Congreso.
Ábalos siempre se revolvió contra esta decisión del PSOE de abrirle expediente y fue subiendo el tono de sus amenazas, con recursos contra su suspensión de militancia mediante y más recientemente amagando con romper el sentido del voto de los socialistas en el Congreso. Ante ello, en la dirección federal argumentaban que no podían hacer otra cosa que apartarlo, al menos hasta que se cerrase la investigación del caso Koldo. En privado defendían su decisión, pese a la empatía personal con quien fue mano derecha de Sánchez y pieza clave en su reconquista de la secretaria general en 2017, debido a su «compleja situación» por el cerco de la investigación judicial.
La «pena», también «rabia», que muchos sentían entonces, también porque Sánchez nunca explicó con claridad la repentina salida de Ábalos del Gobierno y su círculo de confianza, se fue tornando en enfado y en respaldo a la decisión de la dirección federal conforme se iban conociendo más datos de la investigación judicial entorno a la trama Koldo.
La desconfianza de que acabaría afectándole de lleno fue en aumento a medida que fueron pasando las semanas. La decisión de aferrarse a su acta, yéndose al grupo Mixto, se interpretó ya como un intento de aprovechar su aforamiento para retrasar su imputación y preparar su defensa. Sus excompañeros lo aislaron y algunos hasta le retiraron la palabra. Los contactos se limitaron a la secretaria general del grupo socialista para agendar las votaciones clave.
Ahora, al borde de la imputación, en la cúpula del PSOE aseguran que de producirse este paso se «facilitará» la resolución del expediente interno para su expulsión definitiva del partido. Con todo, estas mismas fuentes señalan que el “proceso es extremadamente garantista” y que no se resolverá de forma automática a su imputación.
Tras salir a la luz las pesquisas que implicarían de plano al exministro en la trama del caso Koldo, en el PSOE cunde la sensación de que han hecho lo que debían. El «caiga quien caiga» que ya pronunció Pedro Sánchez desde el primer minuto y que, de forma indirecta, puso sobre la mesa este mismo jueves la líder de los socialistas de Navarra, María Chivite. Coincidiendo con su rueda de prensa desde Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez, la presidenta socialista garantizó que el PSOE colaborará con la justicia para que se esclarezcan los hechos y «se exijan responsabilidades».
Koldo García, precisamente, proviene de la federación del PSN, y según defendió Chivite, el PSOE actuó con “transparencia” y lo seguirá haciendo. Por ello, puso en valor que el ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, haya hecho su propia auditoría interna. Un hecho que dolió especialmente al exsecretario de Organización del PSOE, al considerar que con ello se pretendía incriminarlo e «intoxicar y contaminar la acción penal».
Las arremetidas contra Puente se sucedieron a las que antes había dirigido contra Santos Cerdán. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y su sucesor al frente de la secretaría de Organización por infringir la ley de protección de datos.
Tanto Ábalos como el PSOE coinciden en que su imputación esta más cerca. «Era de esperar» confesó el diputado por Valencia a la salida del Pleno del Congreso. El juez ha dado el primer paso -preguntando a las Cortes que acrediten oficialmente que es diputado- para proceder a su imputación y elevar el caso al Tribunal Supremo. Cuando ese momento llegue, es necesaria la autorización de la cámara. El PSOE no impedirá esa suplicatorio.
