El exministro socialista José Luis Ábalos ha rechazado mostrarse sorprendido por la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de imputarle por su presunta implicación en el caso Koldo ya que considera que «era de esperar», pero en todo caso ha reiterado que él no forma parte de «ninguna trama».
Este jueves se ha conocido el último informe de la UCO en el que se achaca al exministro un «papel relevante» en la presunta trama del ‘caso Koldo’ y pide que sea imputado.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de la investigación sobre el caso Koldo, ha pedido al Congreso de los Diputados que certifique que el exministro sigue siendo diputado. Así lo solicita en una resolución fechada este jueves y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Al ser miembro del arco parlamentario, Ábalos está aforado, y por tanto solo el Tribunal Supremo puede investigarle. Para ello el alto tribunal debe recibir una exposición razonada de la Audiencia, en la que se detallen los indicios delictivos que con los meses se han ido acumulando en torno al exministro.
Nuevos indicios contra Ábalos
El juez Ismael Moreno sugiere en esta resolución que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta indicios nuevos contra Ábalos.
En uno de los nuevos informes portados a la instrucción, la UCO señala que el exministro José Luis Ábalos utilizó «teléfonos seguros» proporcionados por la supuesta red corrupta de la que formaba parte su principal asesor, Koldo García.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicha documentación. Los agentes de la Benemérita llegan a esta conclusión gracias a las intervenciones telefónicas que efectuaron contra algunos de los investigados en esta causa.
Según expone la Guardia Civil en este informe, la llamada trama Koldo proporcionó estos teléfonos al entonces ministro de Transportes después de que García preguntase si los móviles de Ábalos y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaban intervenidos (lo que se conoce en el argot como pinchados).
Este hecho —el interés de Koldo por la seguridad de Sánchez— fue relatado, durante una conversación con otros guardias civiles, por Rubén Villalba Carnero, alto mando de la Benemérita que también está imputado en esta causa y que era el encargado de proporcionar medidas de contravigilancia y seguridad externa e interna al entramado criminal.
El caso Koldo es una causa judicial que gira en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos adjudicados por, principalmente, el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión SL para la entrega de mascarillas al inicio de la pandemia de la Covid-19, en 2020.
Aldama sería el intermediario de esta supuesta trama criminal, que toma el nombre del principal asesor —y hombre de total confianza— del entonces ministro de Transportes.
