La Audiencia Provincial de Badajoz ha vuelto a dar validez a la incautación de correos electrónicos en las oficinas de la Diputación de Badajoz, esta vez rechazando el recurso que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, presentó contra la decisión de la jueza Beatriz Biedma de repetir el volcado de datos desde su cuenta corporativa, ya que por «problemas informáticos» no se pudo obtener información tras su primera descarga.
Los magistrados repiten los argumentos que ya avanzaron el pasado 25 de septiembre, cuando rechazaron un primer recurso que presentó el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, contra la incautación de correos en sus oficinas, pero ahora añaden, en respuesta de los argumentos del músico, que la instrucción del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz no es «prospectiva».
Argumentan que la jueza pretende aclarar las dudas que existen por la «indeterminación» del propio puesto de trabajo de David Sánchez como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, que después recibió una denominación diferente. Ello justifica que siga adelante la causa que se instruye contra él por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
Las dudas que pretende despejar la juez pasan, según la Audiencia, por la «indeterminación de las funciones del puesto de trabajo, del cambio de nomenclatura, la inexistencia de lugar físico del mismo o coincidencia en firma y fecha de documentos». Además, la dirección de correo desde la que se autorizó el volcado corresponde al correo corporativo del puesto de trabajo concreto analizado, y «el entorno virtual se ve menos afectado que en el caso de correos personales«.
La Diputación no respondía
La Audiencia considera suficiente motivación en los autos de la jueza Biedma, que argumentaba que habían tenido lugar hasta dos requerimientos de documentación a la Diputación Provincial de Badajoz y que el resultado de los mismos había sido» insatisfactorio a los fines pretendidos».
El objetivo era conocer los actos preparatorios para la adjudicación del puesto de trabajo a David Sánchez y el posterior cambio de nomenclatura que no vienen reflejados en la documentación aportada. Es por ello se justifica la “necesidad” de profundizar en la investigación.
Por otro lado, los magistrados José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano, María Dolores Fernández y José Antonio Bobadilla, que ha sido el ponente de la resolución a la que ha tenido acceso este diario, rechazan que se haya partido de un caso de absentismo laboral sin más. En cuanto al tiempo investigado para la incautación de los correos –entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022– lo consideran justificado «en orden a las mismas circunstancias del caso, ya que se investiga desde la creación del puesto de trabajo y el posterior cambio de denominación.
