El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido declarar inconstitucional el decreto de la Generalitat que constituyó en un principio el fondo para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas en el procedimiento seguido por la responsabilidad contable en la que se pudo incurrir por el 1-O y la acción exterior del Govern, un procedimiento en el que la sentencia no ha llegado a dictarse al quedar en suspenso, después de que la consejera encargada de ello consultara sus dudas sobre la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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