In extremis, el Partido Popular ha dado marcha atrás en un intento de paralizar la tramitación de la reforma de la ley que beneficiaría a más de 40 presos etarras. Desde el grupo popular, lo califican ahora como un “error” pese a que el pasado 18 de septiembre el Congreso de los Diputados fuera testigo de un total de 346 síes y, por tanto, unanimidad, para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales de la UE. Esta modificación supone la transposición de una directiva europea, adaptando la normativa española a la europea y aplicándola al Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS).
Además, este intento de rectificación por parte del grupo popular se produce también después de que, tras pasar la norma por el Senado, no se hayan presentado enmiendas ni propuestas de veto por parte de ningún grupo. Ante la incapacidad de paralizar la norma, desde el Partido Popular se ha solicitado al Gobierno que se retire la reforma legal, pese a que este mismo martes desde Moncloa ya han adelantado que no se va a paralizar y que, además, el PP era plenamente consciente de lo que suponía esta norma.
Precisamente sobre esto se ha pronunciado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, alegando que no ve “error” en el “sí” de los populares a la reforma de esta Ley. En esta línea, ha hecho especial hincapié en que el texto al que los populares -junto con Vox- han dado su voto a favor “es literal al que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy aquí en Consejo de Ministros en el año 2014”. Además, ha señalado que el texto “ha sido debatido, dialogado y votado en ponencia, en comisión y en pleno. Y después del Congreso llegamos al Senado. Allí, durante el tiempo que ha estado esta ley no ha habido ninguna enmienda ni veto«.
Al margen de ello, el acta de la ponencia encargada de redactar el informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica (PLO) tenía también las firmas de los ponentes de PP y Vox mediante las cuales confirmaban haber “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas”.
Por la parte que les corresponde, pese a haber votado a favor de ello, este martes el PP ha acusado al Gobierno de mentir y, según Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, “nadie les advirtió, ni los letrados de la Cámara”. Pese a ello, ha sacado hueco para las disculpas alegando que “lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, nadie lo vio hasta el pasado fin de semana” y ha admitido que su partido “no está satisfecho con lo ocurrido”.
Por su parte, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, le ha reprochado al Gobierno actuar “de mala fe y de forma miserable” y ha señalado que “nadie tiene el derecho de intentar sentarse en el sillón de la Moncloa al precio que sea, al precio de la dignidad de los españoles, al precio de arrastrar el nombre de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como ha hecho este Gobierno”.
Sin embargo, todos estos intentos de excusarse siguen encontrando críticas en toda la bancada de la oposición. Desde Sumar también se han posicionado al respecto calificando de “hipócrita” y “muy irresponsable” que el Grupo Popular se encomiende ahora al Gobierno para que paralice la norma después de haber pasado por el Senado, y después de haber mostrado su postura favorable en dos ocasiones, primero en el Congreso, y después en el Senado, al no presentar alegaciones.
Con todo ello, lo único que queda será esperar al próximo lunes 14 de octubre, día en el que se ha aplazado el Pleno del Senado, y cuando, según han adelantado, el Partido Popular ya ha retirado de la orden del día la PLO. Pese a ello, la única finalidad detrás de esto es ganar algo más de tiempo y esperar a que el Gobierno haga lo mismo, pese a que ya han señalado que no lo harán y que la reforma de la norma seguirá adelante.
