El Ayuntamiento de Palma dará la batalla en los tribunales contra la decisión del Gobierno de intervenir Mercapalma. Una comisión convocada de urgencia ha aprobado esta mañana poner un recurso contencioso en el Tribunal Supremo «para defender el patrimonio de la ciudad y de los ciudadanos», ha justificado Mercedes Celeste, regidora de Hacienda y Govern Interior. Su propuesta ha salido adelante gracias a dos aliados poco habituales, Més per Palma y Podemos, mientras que Vox y el PSOE han votado en contra.
«Nos ha tocado bailar con la más fea, sí, pero vamos a defender los derechos de los ciudadanos y nuestro patrimonio por encima de los partidismos. No tenemos alternativa, tenemos que defender con uñas y dientes esos derechos. Hay dos opciones, o regalamos a Mercasa nuestra parte de Mercapalma o luchamos y se la devolvemos a los ciudadanos», ha indicado Celeste.
Hay que recordar que el pasado agosto el Consejo de Ministros detuvo la liquidación de la sociedad con la que el Ayuntamiento y Mercasa gestionaron Mercapalma durante 50 años. Cort con una participación del 55% y la empresa pública con un 45%. El 7 de junio caducó esa concesión y el centro de distribución de alimentos debería haber retornado al Consistorio. Sin embargo, Mercasa comunicó que quería continuar en Mercapalma por tiempo indefinido, y finalmente el Gobierno la intervino por Real Decreto.
«Esto se podía haber evitado, pero ustedes solo han hablado de este tema para hacer un uso partidista y de confrontación con el gobierno de España. Lo apoyaré por responsabilidad, pero pido más seriedad con un tema tan importante», ha destacado la regidora de Podemos, Lucía Muñoz.
La iniciativa de llevar el caso de Mercapalma al Supremo también ha encontrado el respaldo de Més per Palma, igualmente crítico. «Hace año y medio que hay en el Ayuntamiento un gobierno del PP y todavía no han puesto las bases para que las negociaciones de estos meses fuesen fructíferas. Por otro lado, Mercasa ha mostrado una actitud despótica al querer imponer sus reglas del juego de manera unilateral. Pedimos al PP que no use Mercapalama como arma arrojadiza contra el gobierno estatal, y también pedimos responsabilidad a Madrid, que hasta ahora ha actuado de manera antidemocrática», ha señalado Neus Truyol.
Vox ha justificado su rechazo a la iniciativa del PP. «En la vida hay que ser prácticos y prudentes», ha destacado el regidor Ignacio Esteban. En su partido consideran que no merece la pena iniciar un proceso judicial porque, consideran, hay una elevada posibilidad de perderlo y plantea varios años de incertidumbre hasta que haya una sentencia.
«No está asegurado que se pueda ganar este pleito. De hecho, pensamos que hay bastantes posibilidades de perderlo y puede costar tiempo y dinero. Apostamos por reconducir las negociaciones, o al menos apurarlas todo lo posible. Porque si no, el escenario que se plantea es que estaremos intervenidos tres o cuatro años hasta que haya una sentencia», ha manifestado Esteban.
El PSOE también ha votado en contra de recurrir al Supremo. Su portavoz, Xisco Ducrós, ha reprochado al equipo de gobierno que no haya apurado los plazos para la negociación e intentar que el Consejo de Ministros «reevalúe» el caso.
«Estamos en la peor situación», ha valorado el socialista. «Mercapalma son más que solares, son 90 empresas y un millar de trabajadores que perciben que a los socios solo les importa pelearse. Le recuerdo que están operando en precario y en una situación de total incertidumbre. ¿Hay que esperar a que el Supremo tome una decisión? ¿Y mientras tanto? Tampoco se van a realizar las inversiones que hay que hacer», ha manifestado Ducrós.
«Tres meses para llegar a acuerdos»
Celeste valoró la situación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Govern. «Hay un Real Decreto que dice que Mercapalma tiene que seguir con la proporción del accionariado actual. Y dice que los dos socios tenemos tres meses para llegar a acuerdos. Han designado a un interventor que estará ese tiempo. Si pasado ese plazo no se llega a un acuerdo, ya no habrá vuelta atrás y solo quedará confiar en que un tribunal diga que este Real Decreto no se ajusta a derecho»
«Una vez concluidos esos tres meses, Mercapalma continuará como siempre. Pero es muy difícil llegar a un acuerdo porque ese Real Decreto suprime lo que para nosotros es inviolable, que esrevertirr toda la infraestructura al Ayuntamiento. Y están vulnerando los derechos de los ciudadanos de Palma»
