El Gobierno no dará marcha atrás en la reforma legal que, tras una enmienda de Sumar aprobada por unanimidad en el Congreso, permite rebajar condenas a presos etarras que haya cumplido condenadas en cárceles fuera de España. Después de que el PP haya maniobrado en el Senado para aplazar el debate que estaba previsto para este martes y acusado a los socialistas de engañarlos y dejar en sus manos retirar el proyecto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que la reforma responde a una “trasposición de una directiva europea” y por la que ha habido una “aprobación unánime de todos los grupos políticos”.
Desde Moncloa ha respondido a las acusaciones de “engaño” por parte del PP elevando el tono por el “uso partidista” del terrorismo de ETA.
Un uso “obsceno” del terrorismo, reprochó, “para tapar su vacío de propuestas para tapar su vacío de proyectos y para tapar su vacío de liderazgo”. “Lo que les puedo garantizar es que aquí por parte del Partido Popular no ha habido ni despistes ni errores”, ha añadido.
Después de blandir los informes del Consejo de Estado a favor de realizar esta trasposición, aunque son previos a la introducción de la enmienda de Sumar que permite rebajar las penas a etarras, Alegría ha defendido que el texto que se iba a debatir este martes en el Senado es “literal al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí en Consejo de Ministros del año 2014”.
PP, PSOE, Vox, Sumar y los diputados del resto de grupos parlamentarios presentes en el Congreso el pasado 18 de septiembre votaron a favor de la modificación legal sobre el proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de adecuarla a la legislación europea. La polémica no ha estallado hasta este lunes, cuando la oposición y las asociaciones de víctimas del terrorismo denunciaron que se había colado una enmienda, ya en la comisión de Justicia, que favorecerá a los etarras con condenas en cárceles galas.
El Gobierno aprobó en marzo un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de adecuarla a la legislación europea. Desde entonces, la iniciativa se ha ido tramitando en el Congreso, donde hubo hasta una decena de ampliaciones del plazo para que los partidos presentaran enmiendas. En junio se publicaron la decena de páginas que contenían las 14 modificaciones registradas.
A comienzos de septiembre, la Comisión de Justicia ratificó el texto final por unanimidad. Por el camino se introdujeron varias enmiendas que, en resumen, permiten que se descuente de las penas el tiempo en prisión cumplido en otros países de la Unión Europea. Hasta ahora, y para evitar beneficios a los presos etarras, la norma exceptuaba de este cómputo más beneficioso a los condenados antes de 2010, una salvedad que se ha eliminado.
