La aplicación en España de la normativa europea sobre reconocimiento mutuo de sentencias penales — que pretende ahora reformarse y que supondrá la rebaja de condenas a destacados miembros de ETA– ya despertaba dudas en la Audiencia Nacional, que en diciembre del año pasado presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de aplicarla a una de las causas por las que fue juzgada la historia dirigente etarra Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’.

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