El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un nuevo programa de vivienda pública para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 con una inversión que ascenderá a los 4.400 millones de euros al final de su mandato. Así se ha comprometido en la primera sesión del Debate de Política General del Parlament.

Illa ha explicado que durante su mandato invertirá 1.100 millones de euros anuales para cumplir con este objetivo, por lo que “no habrá ninguna comunidad que invierta tanto dinero en materia de vivienda”.

El jefe del ejecutivo catalán también ha presentado un ‘plan’ para abordar la problemática de la vivienda en Cataluña basándose en cinco ejes: «Más vivienda social, más suelo disponible, más colaboración entre el sector público y privado, más ayudas y más velocidad».

“No nos podemos permitir que la vivienda condicione el proyecto de vida de las personas, especialmente de los jóvenes”, ha defendido el presidente, que ha subrayado que su Govern quiere ser “riguroso” pero también “osado” ante una escalada de precios de la vivienda y del alquiler que ha tachado de “intolerable.

Además, Illa ha avanzado que se creará la primera Reserva Pública de Solares de Catalunya, que tendrá como finalidad ayudar a los ayuntamientos a activar suelo disponible para construir promociones. La primera convocatoria se prevé para el año que viene y será abierta tanto a operadores públicos como privados. Asimismo, se intensificarán las conversaciones con el Gobierno de España para disponer de terrenos de su propiedad. 

El modelo a seguir, tal como ha apuntado Illa, es el de la colaboración público-privada, por lo que la Generalitat se ofrecerá también a los promotores privados para alquilar o comprar todas las promociones de obra nueva destinadas a vivienda pública en zonas de alta demanda.

Por último, el Govern reforzará las ayudas directas a la ciudadanía con la creación de un fondo público de emancipación dotado de 500 millones de euros durante 5 años para financiar el 20% de los gastos de compra de 12.000 viviendas para jóvenes menores de 35 años. Además, se reservarán 500 millones de euros anuales más para ayudar a las familias al pago del alquiler y adquirir (compra o alquiler) 1.700 viviendas de segunda mano para evitar desahucios.

Cabe recordar que Cataluña fue la única comunidad autónoma que ha pedido topar los precios de los alquileres con la Ley de Vivienda y, con ello, el precio de los arrendamientos ha bajado en la región entre el 3 y el 5% en términos interanuales durante el primer semestre del año, según los datos de la Generalitat.

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