Objetivo: compactar la mayoría de izquierdas con la que fue ungido presidente y hacerlo, además, con medidas que repercutan directamente sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Este es el afán del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha presentado sus credenciales para comandar la etapa del ‘post-procés’. Sabe que el acceso a la vivienda es un asunto de calado y transversal, por eso su empeño en sacudir el tablero político catalán aprovechando el debate de política general para anunciar lo que ha definido como la «movilización de recursos públicos más importante hecha nunca» por una comunidad autónoma en este ámbito: 4.400 millones de euros en esta misma legislatura, es decir, en cuatro años, con el horizonte de contar en 2030 con 50.000 viviendas más.
La cifra anunciada suponen 1.100 millones por año que deberían empezar a incluirse ya en los presupuestos de 2025, en estos momentos en negociación con ERC y los Comuns. La inversión se destinará a crear la primera Reserva Pública de Solares de Cataluña, que tendrá como finalidad ayudar a los ayuntamientos a activar suelo disponible para construir pisos de alquiler. La primera convocatoria se prevé ya para el año que viene y será abierta tanto a operadores públicos como privados. El president también se ha comprometido a intensificar las negociaciones con el Gobierno para disponer también de terrenos de su propiedad.
Otro de los retos es que la construcción de nueva vivienda se pueda acelerar, por lo que el Govern promete arremangarse para promover las modificaciones legales que permitan reducir en un 50% los ‘tempos’. El modelo a seguir, ha apuntado Illa, es el de la colaboración público-privada. En este sentido, la Generalitat se ofrecerá a los promotores privados para alquilar o comprar todas las promociones de obra nueva destinadas a vivienda pública en zonas de alta demanda.
