La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, reclamó este martes dimisiones por la aprobación en el Congreso, «sin leerla», de la reforma que beneficia a presos de ETA. “Solo con las disculpas no vale», dijo. En la picota están los grupos parlamentarios del PP y Vox, que votaron afirmativamente en la Cámara baja y no mostraron ni un pero durante toda la tramitación a las enmiendas de Sumar que permitirán reducir las condenas de los etarras. Esas dos formaciones de derechas solo han rechazado de plano el tema después de que ‘El Confidencial’ publicara el lunes los beneficios para 44 terroristas.
Por ahora, en el PP no se esperan dimisiones. Miguel Tellado, portavoz del grupo parlamentario de los populares y jefe de los 137 diputados, respondió a la prensa que no es el momento de depurar responsabilidades sino de “buscar soluciones”. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, tildó el hecho de “error injustificable” y pidió a su secretaria general, Cuca Gamarra, que se encargue de presionar al Ejecutivo para que retire la ley, la vía más rápida para impedir que se rebajen condenas a presos etarras que hayan cumplido penas en cárceles fuera de España. Minutos antes de Feijóo había hablado en un acto en Madrid Isabel Díaz Ayuso, que se había referido al episodio como un «error gravísimo de la oposición».
El desaguisado por el fallo del PP ha provocado una gran tensión y ha colocado a Tellado, hombre de confianza de Feijóo, ante su primera crisis interna. La imagen de desorganización y desidia que han trasladado preocupa, según trasladan numerosos altos cargos en Madrid y también los territorios, sobre todo en un tema como el de ETA, en el que Feijóo y los suyos han basado muchos de sus mensajes políticos este pasado año electoral pese a que la banda terrorista desapareció hace más de diez años.
¿De quién es la culpa? Los cuchillos vuelan. Cayetana Álvarez de Toledo es portavoz adjunta, adscrita a la comisión por la que pasó la reforma legal durante meses y encargada de supervisar los asuntos en materia de justicia en el comité de dirección del grupo. Por otro lado, están los ponentes que llevaron propiamente la ponencia y se deberían haber encargado de analizar con atención las enmiendas de Sumar y el texto final que planteaba el Gobierno para trasponer una directiva europea sobre antecedentes penales (el motor original de estos cambios legales). Se trata de Rafael Belmonte (muy cercano al veterano Javier Arenas), Ana Belén Vázquez y José Manuel Velasco, que fue el que defendió la norma verbalmente tanto en la comisión como ya en el pleno. Además, por el PP en la comisión de justicia están también, entre otros, Cuca Gamarra, secretaria general y Javier Ortega-Smith, de Vox, que durante años fue el principal asesor jurídico del partido de ultraderecha.
Concentración de cargos
Las críticas de los miembros del PP que corren estos días tanto por el Congreso por el Senado van desde la falta de dedicación de algunos parlamentarios hasta los numerosos cargos que concentran algunos políticos como Velasco, uno de los ponentes de esta ley, que también es concejal de Turismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo.
“Menos presentar libros con [Juan Luis] Cebrián y más trabajo parlamentario», se atreve a decir una diputada sobre Álvarez de Toledo. La portavoz adjunta del PP en el Congreso acompañó al experiodista este lunes en la presentación de su nueva obra. «Nos llega a pasar a nosotros con algún otro tema y nos habría castigado apartándonos», afirma otro compañero de bancada.
«Es vergonzoso» y “No sabíamos dónde meternos esta mañana» fueron dos de las frases más repetidas el lunes cuando todo estalló. El PP está haciendo ahora lo poco que puede. La ley tendría que haber acabado su trámite parlamentario en el Senado este martes y no fue así porque el PP aprovechó su mayoría absoluta para sacarla del orden del día. Ha ganado algunos días para presionar a Pedro Sánchez para que retire la norma, algo que van a repetir todos los políticos del PP en los próximos días en todos los foros y a todas horas. Los conservadores, y este miércoles lo hará Feijóo ante Sánchez en el debate sobre inmigración, van a insistir en que no son responsables de la ley, porque habría salido adelante aunque ellos hubieran votado en contra. El líder del PP apelará al jefe del Ejecutivo para que diga si apoya o no el cambio legal que beneficiará a etarras (y otros presos comunes).
Si el Gobierno no retira la reforma, la ley se publicará en el ‘Boletín Oficial del Estado’ de manera automática la semana que viene (convoque pleno el PP o sea por silencio administrativo). En el Senado el PP tampoco presentó enmiendas ni ningún veto, de manera que esa segunda Cámara no tiene margen de maniobra para tumbar la norma. «Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia», aseguró Feijóo.
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