Un total de 3.981 millones de euros. Ese es el montante calculado por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, que Canarias necesita para modernizar sus obsoletas infraestructuras hidráulicas y que ayer reclamó al Estado para que asuma su financiación tras el incumplimiento del anterior convenio de obras hidráulicas acordado en 2018 y que nunca se llegó a ejecutar.
Según explicó en el Parlamento para analizar la negociación de un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado, Miranda recordó que el último acuerdo se firmó en diciembre de 2018 para acometer 186 obras declaradas de interés general por 915 millones que nunca se llevó a cabo.
Durante su comparecencia ante el plenario de la Cámara regional explicó que la actualización de los planes hidrológicos y de gestión de riesgo de inundación del período 2022-2027, desbloqueada por el Gobierno autonómico, recoge un total de 1.525 actuaciones en las siete demarcaciones hidrográficas, cuyo costo supone «una cifra inasumible en solitario por las administraciones canarias».
«Ahora sabemos por fin cuál es la verdadera situación, tenemos un diagnóstico real del estado de la gestión del agua en Canarias y conocemos las medidas precisas que ha diseñado cada consejo insular, lo que nos permite establecer prioridades y coordinar esfuerzos para sacar adelante las inversiones, pero no podremos hacerlo si el Estado no cumple con Canarias», indicó.
«Las necesidades en infraestructuras hidráulicas no han dejado de aumentar en los últimos años por falta de planificación y por la inexistencia de una financiación estable por parte del Estado», culminó.
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