Jesús Pradales, el hombre que reconoció haber matado, descuartizado y ocultado los restos de Juana Canal en una finca en Ávila durante 16 años, ha sido condenado a 14 años de prisión por un delito de homicidio con agravante de parentesco, pues el de violencia de género todavía no existía cuando se cometió el crimen en febrero de 2003. Según la sentencia emitida hoy por la Audiencia de Madrid, y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Pradales deberá indemnizar además a la familia de Juana con más de 200.000 euros.
La sentencia llega veintiún años y medio después de esa noche de febrero de 2003 en la que le arrebató la vida a Juana y apenas una semana después de que un jurado popular le declarara culpable por unanimidad de un homicidio doloso, es decir, intencionado, y con agravante de parentesco, como pedían la Fiscalía y la familia Canal. Tanto el Ministerio Público como Juan Manuel Medina, abogado de los Canal, pedían 15 años de prisión, mientras que su defensa, que en un primer momento apostaba por la absolución, solicitó entonces 10 años.
Durante la última sesión del juicio, Jesús Pradales, que no confesó el crimen hasta que un campista encontró los restos de Juana por casualidad y todos los indicios le apuntaron a él, pidió perdón en la última palabra, aunque solo lo hizo por la «incertidumbre» que pudo haberle generado a su familia durante este tiempo. Oficialmente, hasta que aparecieron esos restos óseos, la versión aprobada por la Policía, y la que Pradales sostenía incluso ante su nueva pareja, era que Juana Canal había desaparecido voluntariamente.
Muerte intencionada, no accidental
A pesar de la escasez de pruebas físicas, el jurado también declaró probados por unanimidad todos los hechos planteados en el objeto del veredicto. Es decir, que tanto Juana Canal como Jesús Pradales eran pareja y que el 23 de febrero de 2003 residían en un piso del distrito madrileño de Ciudad Lineal, donde mantuvieron una discusión. Ella llamó a la Policía Nacional alertando de que había sido agredida y una patrulla se desplazó hasta el domicilio, pero «sin adoptar ninguna medida».
Después, «con intención de quitarle la vida o siendo consciente de que con su acción este resultado podía llegar a producirse», la mató, aunque se desconoce cómo. Él sostiene que ella le estaba agrediendo, y que, al quitársela de encima, ella se golpeó con una mesilla en la cabeza. Nada de eso ha sido probado y el jurado popular no le ha creído.
Durante el proceso tampoco se ha podido determinar la causa exacta de su muerte, pero el jurado ha considerado probado que ésta «no fue accidental». Sí que, como el propio Pradales admitió, la descuartizó -aunque no se sabe con exactitud dónde ni cuándo-, y que se deshizo de sus restos en un paraje próximo a una finca de su familia, en la localidad abulense de Navarredondilla. Lo hizo, según dijo durante el juicio, presa del pánico.
Una vez de vuelta en Madrid, dejó una nota al hijo de Juana diciendo que su madre se había ido de casa, probablemente bebida y sin intención de regresar, y que él también dejaba el domicilio tras seis meses de relación con ella. Al día siguiente la denunció por agresión para reforzar su propia cohartada.
A pesar de que en un primer momento la Policía le creyó, la familia asegura que siempre desconfió, e incluso uno de sus hijos, al declarar en el juicio, dijo que su hermano siempre decía que «este tío le ha hecho algo».
La falta de pruebas
Veinte años más tarde, y a pesar de que la falta de pruebas convertía el caso en un misterio que parecía «imposible de resolver», los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que investigaron el caso tras el hallazgo de los huesos apostaron, sin embargo, por la hipótesis de que la muerte no fue accidental, sino intencionada. De hecho, uno de ellos llegó a decir que Pradales «miente» para ocultar que lo sucedido no fue un accidente.
En la misma línea se posicionó la fiscal durante la lectura de su informe final, aduciendo que, pese a la imposibilidad de saber cómo murió la víctima, solo el hecho de que fuera de forma intencional puede explicar «de forma lógica» lo ocurrido.
La falta de datos objetivos en el caso, agregó, no es fruto de la casualidad, sino de que el acusado “fue ocultando y despistando para impedir que se pudiera saber si Juana estaba viva o muerta, cómo fue su muerte o dónde estaba enterrada”.
Tampoco creyó el relato de Pradales el letrado de la familia de la víctima, Juan Manuel Medina, quien dijo estar convencido de que fue un asesinato y no un homicidio, pero que el paso de los años impide que se pueda probar este extremo. El abogado de la defensa, por su parte, concluyó que ninguna de las pruebas practicadas durante el juicio permiten probar que la muerte fue intencionada.
