Los empresarios condenados en Murcia implicados en una red de explotación sexual que reconocieron pagar por tener sexo con menores puede que finalmente no vayan a la cárcel. La Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la pena de prisión acordada para las cuatro personas que estaban citadas este lunes.
El escándalo se destapó cuando se reveló que las víctimas eran captadas en las puertas de discotecas y centros educativos. La Audiencia citó este lunes a los cuatro condenados en una vista en la que han sido recibidos bajo abucheos y gritos de «violadores» y «asesinos» por parte del público presente. Uno de los acusados, un exdirigente de la patronal de empresarios de Murcia y Cartagena, ha logrado evitar la prisión a pesar de haber sido condenado por cinco delitos de prostitución de menores. La pena total de prisión, que ascendía a dos años y un mes, ha sido suspendida bajo ciertas condiciones.
La sentencia impone a este empresario una multa de 3.600euros y una indemnización de 10.000 euros a las víctimas. Además, deberá pasar un año en libertad vigilada y no podrá acercarse a menos de 500 metros de las víctimas. También se le exige participar en un programa de reeducación y abstenerse de delinquir durante los próximos cuatro años. Esta decisión ha sido criticada por el fiscal, quien ha anunciado su intención de recurrirla..
A otro de los empresarios también se les ha anulado la pena de prisión, incluidos una «mami» y un taxista que transportaba a las menores. El empresario, que argumentó haber sufrido un ictus y una operación de corazón, se defendió afirmando que tiene «varias empresas y las presido todavía; yo estoy reinsertado». Su abogado, por su parte, ha denunciado lo que califica de «populismo punitivo».
El fiscal del caso ha anunciado que recurrirá a la decisión de la Sala. Según ha señalado, la suspensión es «una facultad del tribunal, no un derecho del reo», además de que ha subrayado la «reiteración de los hechos» por parte de este empresario. Por su parte, la Sala considera que los condenados tenían derecho al beneficio porque el total de las penas suma dos años y un mes.
El pasado 11 de septiembre, los trece acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que les permitió reconocer su culpabilidad y evitar las penas de prisión. Este acuerdo incluyó multas que iban de 540 a 4,320 euros y compensaciones para las víctimas de entre 500 y 2.000 euros. Desde que se hizo pública esta sentencia, varias organizaciones han demandado el ingreso en prisión de los condenados, avivando las protestas en las puertas de la Audiencia.
Los detalles del acuerdo de conformidad muestran que la Fiscalía modificó sus conclusiones para reflejar que todos los acusados habían inducido o facilitado la prostitución de menores. Las penas oscilaban entre uno y cinco años de prisión, pero el tribunal consideró la existencia de atenuantes, lo que ha llevado a una reducción de las penas.
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