La residencialización, el fenómeno por el que inmuebles turísticos acaban siendo utilizados como viviendas, tiene también un coste económico para la región. En concreto, los 204.744 usos residenciales que se estima que existen en los núcleos turísticos del Archipiélago provocan que anualmente se pierdan 6.367 millones de euros de actividad económica. Y no solo eso, también se dejan de recaudar 1.291 millones de euros en impuestos y obstaculiza la generación de 102.864 puestos de trabajo en las Islas.
La legislación canaria no permite el uso residencial de apartamentos y bungalós en las zonas turísticas desde hace más de una década. En este periodo varias normativas han dejado claro la incompatibilidad del uso residencial con el turístico. Sin embargo, el fenómeno se ha ido extendiendo en los últimos años, provocando incluso un choque entre administraciones, después de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana haya anunciado una ordenanza municipal que pretende introducir esa compatibilidad en el planeamiento municipal para frenar las sanciones. Un anuncio que ha ocasionado que el Gobierno de Canarias se revuelva y que los expertos se lleven las manos a la cabeza por los costes que este fenómeno provoca a nivel social y económico.
La residencialización de zonas turísticas supone una pérdida económica para las Islas, ya que se destinan recursos que deberían formar parte de la cadena de valor turística para que sean utilizados como vivienda, evitando que se obtenga una renta económica por ellos. Por lo que este fenómeno no tiene mucho sentido en una región con una alta dependencia de la actividad turística como es el caso de Canarias.
Esta fue de las conclusiones del informe elaborado a partir de la Jornada sobre Residencialización que se celebró en la Universidad de Verano de Maspalomas. En ellas se deja claro que la legislación turística ha sido constante en la declaración de incompatibilidad entre los usos residencial permanente y el turístico, por lo que no es una situación sobrevenida. Además, la Ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013 también estipuló de forma tajante que el propietario de un apartamento en un complejo turístico no es dueño de una vivienda y que debe destinarlo al uso con el que fue construido.
El informe señala también cómo el fenómeno de la residencialización contribuye a mermar la oferta extrahotelera en Canarias. Entre 2009 y 2023 el número de estos alojamientos turísticos se ha reducido a la mitad, mientras que los hoteleros disminuyen pero mucho menos, un 5%. San Bartolomé de Tirajana es el municipio que más complejos pierde y Gran Canaria la más afectada, pues de las 93.929 camas perdidas en este periodo, el 44% se localiza en esta isla.
Pero, una parte de las plazas de las plazas que se pierden en el segmento extrahotelero van a engrosar las que generan las viviendas vacacionales, ya que muchos propietarios de apartamentos o bungalós terminan por explotarlos por su cuenta, apoyándose en plataformas como Booking o Airbnb, una fórmula que también está fuera de la legalidad. El 44% de los 28.296 apartamentos desaparecidos se han reconvertido en viviendas turísticas y la mitad de los alojamientos vacacionales que se ofertan en los 13 municipios turísticos se encuentran dentro de complejos.
Una reconversión que, tal y como señala el informe, contribuye a que se destruya empleo asociado a la actividad turística y resta profesionalidad al sector. Además, en los pocos casos en los que se generan puestos de trabajo son de menor cualificación y con salarios más bajos o acaban alimentando la economía sumergida.
Revalorización y venta
Dentro del fenómeno de la residencialización turística se está empezando a observar otro que puede añadir una vuelta de tuerca más: la returistificación o la revalorización&venta. ¿En qué consiste? En las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas se puso sobre la mesa que la flexibilización del uso de las parcelas, para que puedan ser utilizadas también como viviendas tal y como pretende el Ayuntamiento de San Bartolomé con su ordenanza, puede generar una revalorización importante de estos inmuebles y que, a su vez, estos sean vendidos posteriormente a extranjeros para su uso residencial. Una circunstancia que puede agravarse si Canarias comienza a negociar con la Unión Europea (UE) algún tipo de restricción a la venta de casas a ciudadanos foráneos. Algo que, tal y como se señala en el informe, podría precipitar una venta masiva durante esos meses ante la expectativa de una posible prohibición. Algo que aceleraría el proceso de residencialización, con lo que se generaría justo el efecto contrario al pretendido por la Ley de Residencia que se estuviera negociando en Bruselas. Y destacan que el marco regulatorio actual posiblemente tenga un mayor efecto desincentivador sobre la atracción de población extranjera a la región. | D.G.
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