Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que deben analizar si archivan, acotan o bien mantienen la investigación penal a la esposa del presidente del Gobierno ya cuentan con la documentación necesaria comenzar su análisis este lunes, después de que el Juzgado de Instrucción número 41 les remitiera el recurso clave de la defensa de Begoña Gómez, cuya ausencia obligó a aplazar su análisis el pasado 30 de septiembre. Esta deliberación, junto a a que tendrá lugar este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la admisión o no de la querella del propio Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, marcan una semana crucial para el futuro del procedimiento.
La petición de archivo de la defensa, que considera que contra la mujer de Sánchez se ha abierto una investigación de «carácter universal» prohibida por la ley, se suma a la realizada por la Fiscalía, que exige al juez Peinado que concrete el foco de su investigación y motive suficientemente sus decisiones.
Concretamente, se cuestiona un auto dictado hace ya más de tres meses en el que Peinado apuntaba que su área de investigación alcanza a «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España”.
¿Se investigará el software?
Una reciente decisión, adoptada por una sala diferente de la Audiencia Provincial el pasado 24 de septiembre, permite no obstante al juez Peinado emprender un nuevo camino en su instrucción: investigar si Begoña Gómez se apropió indebidamente del software pagado por la Universidad Complutense que utilizó en su cátedra.
Con independencia de todo ello, el abogado Antonio Camacho defiende que no hay indicios que relación a Gómez con varios contratos puestos en cuestión y que fueron adjudicados a Juan Carlos Barrabés, el empresario que fue recomendado en sendas cartas firmadas por la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de las adjudicaciones otorgadas empresa Innova Next SLU por parte de la empresa pública Red.es por más de 10 millones de euros, que investiga la Fiscalía Europea al afectar a fondos de la UE.
Peinado suma a estos contratos que ya no son de su competencia otros obtenidos por Barrabés en los últimos años en relación con otras administraciones públicas, un fleco en el que se enmarcan diversos registros realizados en el domicilio y las sedes de las empresas de Barrabés, al que se añade el que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en Red.es. También indaga sobre la posible mediación de la esposa del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa tras la pandemia, por su relación con el que fuera CEO de la Compañía, Javier Hidalgo.
Estimación parcial
A ello ha sumado después el juez otras pesquisas dirigidas a aclarar la financiación de la cátedra de Transformación Social en la Complutense que han terminado con la imputación de propio rector, Joaquín Goyache. La defensa insiste que no hay indicio alguno contra Gómez en ninguno de estos asuntos, y la Audiencia Provincial podría acoger estos argumentos o, lo que parece más probable, optar por una estimación parcial y acotar los asuntos sobre los que Peinado puede seguir indagando.
Un día después, el foco sobre el caso Begoña Gómez se traslada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá estudiar la posible admisión que el presidente del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado contra el juez Peinado por prevaricar supuestamente al desplazarse al palacio de la Moncloa para tomarle declaración como testigo en la causa contra su esposa.
La Fiscalía apoya la apertura de esta causa, que supondría algo inédito en la historia de nuestra democracia. En un escrito firmado por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, considera que la decisión del juez de llamar a Sánchez a declarar como testigo puede entenderse a priori de «arbitraria e injusta» porque careció de «una fundamentación jurídica razonable».
