La Audiencia de Madrid le ha retirado a Begoña Gómez el blindaje de La Moncloa. Si Pedro Sánchez y la práctica totalidad del Gobierno insisten en condenar la parcialidad del juez Peinado, tendrán que engrosar la nómina de sospechosos con media docena de magistrados de la instancia superior. De atenerse a la estricta redacción del auto recién emitido por el tribunal, existen motivos sobrados para ahondar en los extraños movimientos que otorgaron una cátedra de la supuestamente prestigiosa Universidad Complutense a la esposa del presidente. Es muy dudoso que la no catedrática debiera aceptar la encomienda, aunque hubiera cumplido a rajatabla todas las admoniciones legales. Con una instrucción penal en curso, queda desprotegida y daña quizás irreversiblemente a su marido.
Solo a través de lo divulgado del «proceso vivo», en el lenguaje de la Audiencia, el comportamiento de Begoña Gómez incluye las cláusulas necesarias para zarandear a su esposo. Si no constara el amor que se profesan, elevado a cuestión de Estado por Sánchez, cabría equiparar los proyectos pseudoempresariales de la segunda dama a la calculada distancia que Melania Trump impone a los designios de Don Donald.
La Audiencia arruina las expectativas de la doble querella contra Peinado interpuesta por Sánchez y Gómez, en el primer caso con fondos públicos a través de la Abogacía del Estado y en un texto de sorprendente endeblez. El juez cuestionado por los progresistas no solo se ve autorizado por sus superiores, sino alentado a proseguir con la investigación. Ni siquiera se le retira por completo el ramal de Air Europa, sino que se deja pendiente de futuros descubrimientos. Por imposible que parezca, la corrupción se erige ahora mismo en la principal amenaza para la continuidad del presidente. La detención de Víctor de Aldama, que se encontraba en el ministerio de Fomento como en casa, confirma a Begoña Gómez y José Luis Ábalos como presuntos verdugos de la legislatura.