Un diplomático español, José Lorenzo Outón, tuvo durante un año a una familia sudanesa viviendo en un garaje de la embajada de España en Mauritania. Un funcionario, con dilatada experiencia en la Administración General del Estado, le ha denunciado en los juzgados de Plaza de Castilla, aunque de prosperar sería la Audiencia Nacional quien lo investigase. También está denunciada la
Los hechos se remontan a abril de 2023. Lorenzo Outón era el segunda jefatura de la embajada española en Nuakchot, capital mauritana. Este es el segundo cargo en importancia, por detrás de la embajadora. De repente, en su residencia apareció una familia, un matrimonio con dos hijos, de origen sudanés. Los cuatro vivieron en el garaje de la vivienda oficial. Según las imágenes en el poder de este periódico, en el habitáculo había un colchón y un camping gas.
El garaje, «de unos 15 metros cuadrados» según el denunciante (que coincidió con Outón entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024), daba acceso directamente a la cocina. El padre de familia realizó labores de servicio para Outón, como conducir su vehículo, llevar a cabo recados o trabajando en las fiestas de la embajada. Además de la denuncia presentada, este periódico ha podido corroborar esta información con tres fuentes directas.
«Los adultos han estado prestando sus servicios para la familia del diplomático sin contrato de trabajo ni remuneración conocida, abusando de la vulnerabilidad y situación de dependencia de estas personas sin olvidar que, junto al alojamiento proporcionado, resulta una situación incompatible con la dignidad humana», recoge la denuncia.
Trabajos para Outón
Antes de llegar a Mauritania en 2021, Outón pasó varios años en Sudán. Allí conoció a esta familia, y con la promesa de darles un futuro mejor se los terminó llevando a la embajada de Mauritania. Las fuentes consultadas aseguran que su idea, una vez saliese del país africano, era llevar a la familia a una finca que tiene en Cádiz para que trabajasen allí.
Según la legislación, los diplomáticos tienen derecho a llevar consigo personal de servicio cuando prestan labores en países extranjeros. Los tratados internacionales los denominan «criados». Para ello, tienen que darles de alta en el régimen de la seguridad social de España o del país al que se desplazan. Si son extranjeros en el país donde trabajan los miembros de Exteriores, como era el caso de la familia sudanesa, el alta se tiene que dar ante organismos españoles. La denuncia presentada pide que se recabe información de la Tesorería General para saber si los dio de alta en algún momento.
Además, los diplomáticos tienen que informar a la embajada si tienen a gente externa viviendo en con ellos, ya sea una visita de algunos días o una estancia más larga. Las fuentes consultadas aseguran que cuando entraban y salían del recinto no se les tomaban datos ni se les registraba en ningún tipo de control. Outón, por su cargo, era el responsable de la seguridad.
La embajadora lo sabía
La denuncia señala que los hechos «han sido de general conocimiento de las personas que habitaban dentro del recinto de la Embajada», incluida la embajadora, Míriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, quien también ha sido denunciada por tener conocimiento de los hechos. También lo sabían «policías nacionales, que tienen su vivienda a escasos metros de la del diplomático, y resto de funcionarios que prestan servicios en la misma, el personal de la Agregaduría Económica o la Guardia Civil». Todos ellos habrían sido testigos de la situación.
Las fuentes consultadas señalan que la familia sudanesa ya no está en la embajada en Mauritania. Lorenzo Outón salió de allí este año. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 18 de abril fue nombrado consejero en la embajada en París. En su nuevo destino cobra un complemento de 22.910,30 euros.
«La mujer no sabía por qué estaban ahí, se quería volver a su país», narra una fuente presente en la embajada en aquellos tiempos. Esta persona escuchó, en repetidas ocasiones, al diplomático denunciado decir que «se los podía llevar a España» cuando quisiese y que su idea era llevarlos a su finca de Cádiz.
Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Lorenzo Outón como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no ha obtenido respuesta.
Segunda denuncia
Esta es la segunda denuncia que implica a la embajada de España en Mauritania en los últimos meses. La primera, adelantada por este periódico, versó sobre delitos medioambientales relacionados con una de las piscinas del recinto donde vive la delegación española.
Durante dos años, desde 2022 hasta este pasado verano, una de las piscinas ha sufrido grandes pérdidas de agua diarias. La fuga era tan grande, que la piscina prácticamente se vaciaba cada día. La solución en la embajada ha sido durante dos años abrir un grifo para rellenarla cada 24 horas.
La piscina se encuentra junto a las residencias de los funcionarios que prestan servicio en la Cancillería. Mide unos 18 metros de largo por nueve de ancho, y la profundidad máxima es de unos 2 metros, recoge la denuncia. El trabajador denunciante calcula que cada día se pierden 14 metros cúbicos de agua, 14.000 litros.
«Los responsables últimos de la Embajada de España en Mauritania tienen pleno conocimiento de estos hechos tanto por el tiempo que se vienen produciendo como por las advertencias del personal del mantenimiento interno y externo», se lee en la denuncia.
