Si algo le gusta al alcalde de Alicante, Luis Barcala, es la pintura. Todo un arte. Aunque en estos tiempos, tal vez, el arte al que más horas debe dedicar el regidor popular es al de la negociación. A hacer política. Y es que el gobierno de Barcala nunca ha tenido que dialogar tanto con otras formaciones del Pleno municipal para poder sacar adelante proyectos de ciudad como en la actualidad. Ya sea una ordenanza o los presupuestos.
Puede parecer paradójico si se miran exclusivamente los números, porque este mandato es de los tres que ha vivido el popular al frente de la Alcaldía en el que más concejales ha tenido su grupo municipal, con catorce, a uno de la mayoría absoluta, frente a los ocho con los que se estrenó con la vara de mando y los nueve tras su primera victoria electoral.
Barcala no solo tiene ahora por delante el reto de aprobar, por primera vez desde que es alcalde, las cuentas en tiempo y forma. Es decir, con la previsión suficiente para que entren en vigor justo con el arranque del año, algo que no sucede en Alicante desde tiempos de Castedo, y eso no es remontarse poco en el calendario. Al alcalde, y a su gobierno por extensión, se le han acumulado sobre la mesa proyectos de calado, de los que cuesta sacar cuando uno está en minoría. Y ninguno de ellos está exento de polémica.
El que parece que tiene más encarrilado es el relativo a la implantación (por decir algo) de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esa ordenanza la pactó hace meses con su hasta ahora socio preferencial, los ultras de Vox. A cambio, el PP tuvo que renunciar a las restricciones que en un primer momento anunció a Europa. Sin embargo, pese a que ya pasó por Junta de Gobierno y que los técnicos respondieron a las enmiendas de la izquierda pasando el rodillo, finalmente no se ha convocado el pleno extraordinario para su aprobación, previsto para el próximo martes. Iba a ser un trámite, con PP y Vox apoyando una normativa que reduce incluso las actuales restricciones al tráfico, limitadas al Casco Antiguo, pese a que desde Tráfico, los técnicos, que no se han mostrado en los últimos años muy proclives a peatonalizaciones y medidas a favor de la movilidad sostenible, abogan por ampliar las limitaciones a la circulación al menos hasta el Centro Tradicional. Sintomático.
Barcala, frenando la aprobación de la ordenanza sobre movilidad, prefiere tener todas las cartas sobre la mesa. Para jugar con todas ellas. La ZBE, de hecho, debe ser la última de sus preocupaciones. Más difícil, por ahora, tiene la aprobación de la nueva tasa de la basura. Para ese menester no puede contar con su socio externo de los últimos años. Vox, en esa batalla absurda (una más) contra todas las medidas que huelan a lucha contra el cambio climático (ya sea por reducir la contaminación que provocan los coches, la del aire y la acústica, o por fomentar el reciclaje a partir de la separación en origen), ha anunciado que votará en contra de una subida del recibo, aunque sea un mandato de Europa con consecuencias en caso de rebeldía.
Así, el alcalde tiene que mirar a la izquierda, y ahí siempre se ha encontrado más incómodo hasta la aparición a los mandos de Compromís de Rafa Mas, que también ocupa su tiempo en compadrear con la ejecutiva local del PSOE, manejada por Franco y encabezada por Millana. El valencianista consiguió con la Ordenanza de Vía Pública los focos que perseguía tiempo atrás. Él no se esconde. Y ahora, ávido de más y con el PSOE fuera de juego, aspira a que el alcalde renuncie a una de sus máximas: poner la alfombra roja a los apartamentos turísticos.
Y es que este tipo de negocio, en contra de lo que sucede con otros alojamientos turísticos como hoteles, no cuenta con un «extra» en el nuevo recibo de la basura diseñado por el PP de Barcala (al pagar como una vivienda normal, de una familia convencional), que a su vez apuesta por incrementar cuatro veces la tasa para las viviendas más pequeñas y de menor valor catastral, duplicando en cambio el recibo para las más grandes y más caras. Revelador.
Los otros tres documentos que esperan su entrada en vigor están íntimamente relacionados con la gestión del ruido en la ciudad. Dos de ellos están más que avanzados: la Ordenanza de Vía Pública se encuentra a la espera de su visto bueno definitivo (tras su aprobación inicial gracias al pacto PP-Compromís), mientras que las ZAS del Casco Antiguo y el Centro Tradicional aguardan, según la versión oficial, unos últimos informes. También está a la espera la ordenanza del ruido, que suele espolvorearse a las puertas de las elecciones municipales para luego dormir el sueño de los justos durante el resto del mandato.
Pero sobre la mesa de Alcaldía no solo aguardan ordenanzas y decretos pendientes de tramitación, también ha aparecido el borrador del presupuesto de 2025, lo que le ha recordado a Barcala que tiene pendiente de ejecución promesas hechas a Vox para desbloquear las cuentas de 2024, como las controvertidas oficinas «antiaborto» y «antiokupas». Más lío, si cabe.
Así, el alcalde tiene ante sí un reto de altura, de puerta grande o enfermería: o consigue cuadrar el círculo, alcanzando los equilibrios a derecha e izquierda suficientes que le permitan aprobar todos los asuntos de calado que tiene sobre la mesa, o empezará 2025 sin presupuesto (sería la segunda vez en tres años) y con normas pendientes de aprobar por orden de instancias superiores.
La otra, y necesaria, cara de la política
Cuando uno menos se lo espera. En un acto en el Espacio Séneca, una de las instalaciones municipales más interesantes de la ciudad. Una mañana de domingo en el albor de un otoño al que le cuesta mostrarse. En la presentación de las bellezas y damas de 2025 de la comisión de Sèneca-Autobusos. Ahí se pudo ver una de esas imágenes que se resisten en estos tiempos políticos, donde el barro se ha hecho protagonista indiscutible, donde las palabras cada vez deben ser más groseras para conseguir la atención que ansían. Dos alcaldes de esta ciudad (uno en activo) exhibiendo respeto máximo, incluso afecto a ojos de todos. Y eso a pesar de que uno de ellos llegó al cargo tras forzar, vía tribunales, la salida de su antecesor. Barcala y Echávarri evidenciaron la otra cara de la política. La amable. Y se agradeció. Los murmullos de los asistentes, que llenaban el espacio, lo confirmaron.
El respeto que Miguel Hernández merece
Cuatro administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, tres de ellas de la provincia y la cuarta liderada por el alicantino Carlos Mazón, han debatido en los últimos días sobre la figura del poeta oriolano Miguel Hernández, sobre aquellos juicios injustos durante el franquismo que le llevaron a morir en la cárcel de Benalúa, olvidado mientras luchaba contra una tuberculosis que resultó fatal. Y en cada una de ellas el PP ha tomado una decisión diferente ante alusiones a la II República y al franquismo que le siguen resultando incómodas. Era difícil un ridículo mayor. Y todo por no reconocer obviedades, que ahora hace suyas hasta Vox en Torrevieja. Miguel Hernández murió por defender los derechos humanos y la democracia, por motivos ideológicos. Y ahora es el Gobierno central el que debe organizar el homenaje que merece el poeta. Y en su casa.
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