La Fiscalía solicita penas de prisión que suman 17 años para dos personas a las que acusa de matar a otra de una puñalada, en 2022, en una vivienda de Arrecife (Lanzarote), además de amenazar de muerte al hermano de la víctima que intentaba auxiliarle.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, estas dos personas son autoras de un delito de homicidio, otro de daños -causados en la puerta de entrada a la vivienda- y un tercero de amenazas, y ahora será un tribunal del Jurado, en una vista que arranca este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, el que dilucidará culpabilidades sobre los hechos.
En base al relato fáctico del fiscal, los dos procesados -uno de nacionalidad española y otro natural de Marruecos- se dirigieron a un domicilio de la capital lanzaroteña la noche del 1 de marzo de 2022, portando cada uno de ellos un cuchillo de grandes dimensiones, y entablaron una fuerte discusión con sus moradores, dos hermanos.
Una cuchillada mortal
En el marco de esta discusión, los imputados «con ánimo de causar la muerte» a uno de los moradores de la vivienda, o al menos sabiendo que con su proceder podían producírsela, le asestaron una cuchillada en la zona media del costado izquierdo.
Esta puñalada le provocó una herida inciso-punzante en la piel y penetró en la cavidad torácica afectando al pulmón izquierdo, pericardio y víscera cardíaca, lo que le causó la muerte por un fallo en los centros vitales derivado de un shock hemorrágico, detalla el fiscal.
Más allá de esto, los dos acusados se pusieron de común acuerdo para atemorizar al hermano de la víctima, que trataba de auxiliarla en los exteriores de la vivienda, a quien se acercaron mientras esgrimían sus cuchillos.
Por estos hechos, el fiscal solicita penas de 15 años de prisión por el delito de homicidio, y dos más por el tipo penal de amenazas, así como una medida de libertad vigilada de diez años después de cumplir la pena de cárcel.
Expulsión y prohibición de regresar a España
En el caso del ciudadano de nacionalidad marroquí, el fiscal propone que se ordene la ejecución de la totalidad de la pena que se le imponga «por resultar necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito», y que se le sustituya por la expulsión del país y la prohibición de regreso a España durante diez años, una vez alcance el tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.
Además, la Fiscalía interesa una multa de 14.400 euros, a razón de 20 euros al día durante 24 meses por el delito de daños, ya que considera que los dos acusados provocaron un perjuicio en la puerta de la vivienda, la cual destrozaron en el transcurso de la discusión.
Finalmente, pide que ambos acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria a los hermanos del difunto en la cantidad de 120.000 euros por su muerte, añadiéndose el coste estimado de la reparación de la puerta rota, que fue tasado en 565 euros.